Piden el cese de varios cargos públicos y libertad para trasladar a animales enfermos a otras comunidades o países

Una protesta de ganaderos en Salamanca que ha tenido lugar este lunes se ha saldado con once policías y un manifestante heridos. Los ganaderos protestaban contra los protocolos de saneamiento de la tuberculosis bovina, que les obligan inmovilizar a sus vacas cuando una da positivo en la enfermedad, lo que les impide trasladarlas a otras comunidades o países de la Unión Europea, y a enviar a los animales al matadero. Los manifestantes han tratado de asaltar la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la capital salmantina y uno de ellos ha sido detenido tras golpear a dos agentes policiales.

Tras intentar acceder al edificio, los manifestantes han destrozado las puertas con bastones y han lanzado bengalas y huevos contra agentes, periodistas y fotógrafos. Finalmente, algunos pudieron entrar y reunirse con funcionarios.

El acto finalizaba a las 16:30 horas de la tarde de ayer, tras unas cuatro horas en las que los ganaderos, convocados por la plataforma Unión por la Ganadería de Salamanca, de la que forman parte 22 asociaciones, han pedido sin éxito la destitución del jefe de Sanidad Animal de la provincia, la jefa de Sanidad Animal de Castilla y León y el director general de Sanidad del Ministerio. Los convocantes, que amenazaban con no marcharse hasta que no se cumplieran sus peticiones, han señalado su intención de boicotear los futuros saneamientos de control de la tuberculosis bovina si no se modifica el protocolo y si dichos cargos públicos no son cesados.

Según los ganaderos, los saneamientos de la tuberculosis bovina, una medida de seguridad alimentaria, «están poniendo en jaque la viabilidad de las explotaciones».

Después de la protesta en Salamanca, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, dirigida por Gerardo Dueñas (Vox), se ha posicionado como la máxima defensora de los ganaderos y ha acusado a las políticas nacionales y europeas de la situación. La Junta de Castilla y León pretendía relajar los controles de la tuberculosis bovina y permitir la libre circulación de vacas infectadas, a lo que se ha opuesto el Gobierno y la propia justicia, que acaba de suspender la resolución de la Junta, gobernada por el PP y Vox.