La actividad cinegética no solo perjudica enormemente a los animales, sino también a los entornos naturales

El grupo parlamentario Vox registró la semana pasada una proposición no de ley en la que pide que la caza sea declarada patrimonio cultural. Argumentan que esta actividad «es un sector esencial para el mundo rural», que contribuye a la «conservación de las especies cinegéticas y el patrimonio natural» y que es «un motor de desarrollo económico y social en toda España».

También alude a «186000 empleos generados por la caza» y un impacto de más de «6000 euros en el PIB», y señalan la caza como «el tercer deporte con más federados de España», si bien las licencias obtenidas para practicarla disminuyen cada año en todo el país, y resulta controvertida la definición de esta actividad como «deporte».

Vox no pierde la oportunidad de mencionar al supuesto «el animalismo y ecologismo radical que clama contra la caza», cuyos defensores, según el partido serían «ignorantes de sus beneficios materiales y el valor en cuanto a patrimonio cultural», sin mencionar la evidencia científica relacionada con los daños medioambientales que produce la caza, como la contaminación por plomo o el desequilibrio entre animales de una y distintas especies.

El partido también acusa al Gobierno de haber puesto trabas a la actividad cinegética durante la pasada legislatura, y pone como ejemplo la prohibición de la caza del lobo. También acusa directamente a la Dirección General de Derechos de los Animales y la Ley de Bienestar Animal, que precisamente, excluye a los perros usados para la caza, tal como demandaban los cazadores.

En base a estos argumentos, Vox pide que la caza sea reconocida como patrimonio cultural común, así como la elaboración de un convenio con todas las comunidades autónomas para establecer una licencia única nacional de caza y pesca, una petición que ya habían manifestado anteriormente. Además, reclaman que se permita cazar en parques nacionales y la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que permitiría que estos animales pudieran volver a ser abatidos por disparos de cazadores. Asimismo, quieren que se autorice la caza de tórtolas y que se suprima la Dirección General de Derechos de los Animales y la Ley de Bienestar Animal, que curiosamente, pese a que esta no supone imposiciones para los cazadores.

Actualmente, el 85% del territorio nacional está ocupado por cotos o reservas de caza, lo que supone un enorme perjuicio para los entornos naturales, las actividades al aire libre y los animales.