Una nueva ley podría mejorar la protección de los entornos acuáticos

El auge de las granjas porcinas, una normativa laxa y la sequía están detrás del grave problema de contaminación que sufren las aguas de algunas zonas rurales de Iowa (Estados Unidos). El año pasado, el Tribunal Supremo anuló la protección de los ecosistemas acuáticos recogida en la Ley federal de Aguas Limpias, lo que podría emplear las cosas, pero una coalición de legisladores y ecologistas esperan que una nueva propuesta de ley estatal pueda cambiar el rumbo de los acontecimientos y ayude a reforzar el control de la contaminación procedente de las granjas industriales.

Hasta hace un año, al menos la normativa federal protegía las aguas de Iowa. Aprobada en 1972, la ley prohibía verter contaminación en toda una serie de cursos de agua que caían bajo la jurisdicción de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, incluidos los humedales de Iowa, que son hogar de diversas especies de fauna y flora y también ayudan a filtrar los nitratos y el fósforo, dos contaminantes tóxicos procedentes de las granjas porcinas. Según Clean Water Iowa, los humedales reducen el nitrógeno en más de un 50%.

Tras el dictamen del Tribunal Supremo, ahora la norma solo protege lagos, arroyos, ríos y otras aguas que sean navegables o que tengan una conexión con una masa de agua que sí lo sea. Así, la gran mayoría de los humedales y muchos afluentes de ríos ya no están protegidos por la ley, algo que ha satisfecho a las granjas industriales y otras industrias contaminantes. En Luisiana, un tribunal también dictó una sentencia similar.

Las granjas en Iowa

En solo dos décadas, el número de granjas industriales en Iowa se ha multiplicado por cinco, y el estado alberga un total de 10828 explotaciones de este tipo, según el Departamento de Recursos Naturales del estado. En su mayoría, se trata de granjas porcinas que albergan a 23 millones de cerdos (más de siete veces la población de Iowa), aunque también hay granjas lecheras y avícolas.

Según una encuesta del año 2020, el 88% de los votantes de zonas rurales están a favor de la prohibición de abrir nuevas granjas industriales.

La propuesta de ley estatal obligaría a las explotaciones a controlar la cantidad de residuos que vierten en las vías fluviales y a reducirla en caso necesario para proteger la calidad del agua.

Fuente: Sentient Media.