La industria se muestra contraria a la reducción del número de cerdos en explotaciones y a la adopción de medidas alternativas al raboteo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación busca retrasar un año la aplicación de la normativa europea de bienestar animal en el sector porcino español, en el marco de la modificación del Real Decreto 159/2023. Igualdad Animal ha presentado alegaciones y ha manifestado su rechazo a la moratoria «que cede ante los intereses del sector porcino y evidencia la influencia excesiva de los intereses corporativos en las políticas gubernamentales del Ministerio de Agricultura, que debe velar por el bienestar de los animales».

Entre los cambios que deberán ser de aplicación en las granjas españolas se encuentran la ampliación del espacio disponible para los animales, con un 2’5% de la superficie destinada a zonas de observación y aislamiento; la adopción de medidas para prevenir el estrés y las agresiones entre los animales que sustituyan la amputación rutinaria de la cola en lechones o raboteo como forma de evitar la caudofagia, síntoma de estrés que se da cuando un cerdo muerde la cola de uno o varios de sus acompañantes.

El Real Decreto 159/2023 concedía un plazo de dos años a las explotaciones para adoptar los cambios propuestos en la normativa europea, el cual se cumplió el pasado 9 de marzo. Un día antes del vencimiento, Agricultura sometió por el procedimiento de urgencia la modificación del Real Decreto para la concesión de una moratoria de un año, hasta el 9 de marzo de 2026, período durante el que se buscará el menor impacto posible de la normativa en la rentabilidad de la industria.

Organizaciones agrarias y la industria porcina española han presionado durante meses para que no se aplique la normativa europea. Argumentan que los nuevos requisitos llevarán a una reducción del número de cerdos criados, y por tanto de la producción, y a un aumento de los costes para los ganaderos, y amenazan, como ya es habitual, con que ello repercutirá directamente en los consumidores.

Ahora Agricultura apuesta por adaptar las disposiciones europeas sin que ello intervenga en la densidad de cerdos de las granjas. «Todo indica que el Ministerio ha cedido a estas presiones del sector, que muestra repetidamente resistencia al cambio y al cumplimiento de las normas que favorecen a los animales», a pesar de que «han contado con dos años para adaptarse», señalan desde Igualdad Animal.

Como consecuencia, «las granjas seguirán sin adaptarse a una normativa que, de haberse implementado, habría mejorado las condiciones de bienestar de los animales», manifiesta Anna Mulá, gerente de incidencia legislativa de Igualdad Animal.

La organización define como «precarias y deficientes» las condiciones en que se mantiene a los cerdos en las granjas, lo que ha quedado probado en continuas investigaciones, las más recientes en granjas de Aragón, una de las comunidades autónomas donde se crían más cerdos para consumo, la mayoría en macrogranjas.

Por ahora, esto no cambiará. Los cerdos continuarán en espacios reducidos, con un estrés constante y ante la amenaza de enfermedades y patógenos cada vez más resistentes. Incluso la normativa vigente, con sus deficiencias, puede ser incumplida sin sanciones, pues menos del 1% de las explotaciones ganaderas son inspeccionadas en España, principal productor de carne de cerdo en la Unión Europea.