La nueva normativa se ha elaborado en base a los intereses del lobby cinegético

La Comunidad de Madrid ha aprobado su primera ley autonómica de caza y pesca, impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) de la mano de lobby cinegético y con el apoyo de Vox en el Pleno de la Asamblea. Por su parte, el PSOE y Más Madrid han votado en contra.

La nueva Ley de Caza y Pesca Fluvial de la Comunidad de Madrid se ha elaborado en base a los intereses de los cazadores, que han participado activamente en su confección. Por el contrario, las organizaciones de protección animal y ambiental lamentan que solo han dispuesto de 15 días para presentar aportaciones, que finalmente no se han tenido en cuenta.

Sin embargo, los cazadores representan tan solo el 0’63% de los madrileños, si se tiene en cuenta la cifra de licencias activas, 43855. El número de licencias de pesca es ligeramente mayor, 46414. Aunque la gran mayoría de la población en Madrid no practica la caza ni la pesca, el 72% de la superficie de la Comunidad se considera terreno cinegético, con casi 800 cotos. Los pescadores pueden utilizar 34 tramos regulados que suman un total de 347 kilómetros. La pesca puede practicarse en un tercio de la red fluvial madrileña.

La ley de caza y pesca se ha presentado como una modernización de la normativa vigente. La anterior legislación de caza databa de 1970, mientras que la de pesca no se había actualizado desde 1942. Hasta ahora, la Comunidad de Madrid y Cataluña eran las únicas comunidades sin una ley de caza autonómica.

Un texto sin rin rigor científico: caza durante todo el año y de especies en declive

Numerosas asociaciones en defensa de los animales y el ambiente han alertado, en las últimas semanas, acerca de los riesgos de la aprobación de esta ley. Señalan que esta se ha elaborado con una importante carencia de rigor científico y sin evaluaciones de impacto ecológico. En este contexto, ha nacido la plataforma Madrid sin Caza y se han organizado diversas protestas y acciones.

Entre las principales preocupaciones acerca de la nueva legislación cinegética se encuentra la permisión de la caza durante los 365 días del año. La ley entiende por temporada de caza el período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de marzo del año siguiente. Esto implicará una mayor presencia de cazadores en el campo madrileño, en detrimento de la estancia y disfrute de la naturaleza por parte del resto de la población.

Aunque la norma establece plazos específicos para la caza de las distintas especies, en la práctica los animales podrían vivir sometidos a la presión cinegética durante todo el año, con la creación de Planes de Control Poblacional, que facilitarán la autorización de cacerías en épocas de veda. Hasta ahora, este tipo de excepciones debían justificarse, pero esto ya no será necesario. Los ayuntamientos podrán activar los planes con mayor libertad.

También se aumenta el número de especies que pueden cazarse de 24 a 31, incluidas aves en declive. La organización SEO Bird/Life ha alertado de que el texto no incorpora las garantías científicas y jurídicas exigidas por la normativa europea. Ya en 2018, el Tribunal Supremo anuló la orden de vedas de la Comunidad de Madrid por carecer de informes técnicos para justificar científicamente la autorización de la caza de aves silvestres. Nuevamente, la ley incluye especies sin poblaciones suficientes en la Comunidad de Madrid. Para estas, la práctica cinegética supondrá un duro revés en su recuperación.

Modalidades crueles: de la perdiz con reclamo al uso de perros

Preocupa también el regreso de modalidades como la perdiz con reclamo o la paloma con cimbel, que emplean animales vivos en cautividad para atraer a individuos en libertad. La perdiz roja todavía arrastra las consecuencias de décadas de presión cinegética.

Además, se permitirán entre 18 y 40 perros utilizados para la caza por cada 40 hectáreas de terreno. Esto implica que podrían concentrarse hasta 500 canes en una sola montería del tamaño mínimo permitido, y más perros conforme aumenten las hectáreas de terreno. La norma califica a los perros, a los hurones y a las aves utilizadas en cetrería como «medios de caza».

Algunas de las enmiendas presentadas y aprobadas para su inclusión en el texto empeoran aún más la situación. En este sentido, se han aceptado 14 de las 40 enmiendas de Vox, entre ellas la que permite el uso de armas blancas (cuchillos) para rematar a los animales una vez abatidos, o la que permite el uso de galgos de menos de once meses.

Todo ello quedará bajo la supervisión de los propios propietarios de los cotos de caza, mientras se debilita la vigilancia pública.

Tecnología para matar animales

Los animales, además, verán incrementada la persecución de los cazadores con la autorización del uso de equipos de visión nocturna y dispositivos térmicos.

También se implantan las licencias digitales y se facilitan los procedimientos administrativos para simplificar la obtención o renovación de licencias.

Para el resto de la población, quedará restringido el acceso a caminos públicos y márgenes de los ríos en los días de caza, y se penalizará el acceso a las zonas acotadas. Esto limitará la práctica de actividades respetuosas con los animales, como el ciclismo, el senderismo, la observación de aves, la recogida de setas o el turismo responsable de naturaleza.