Ambas medidas suponen retrocesos con respecto a las normas existentes

Isabel Díaz Ayuso pretende legalizar la mutilación de orejas y rabos en perros en la Comunidad de Madrid, una propuesta presentada el pasado mes de noviembre en la Asamblea de Madrid y a la que se han opuesto entidades como la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA) o AnimaNaturalis, que califica la medida como «un retroceso en los avances logrados en la protección de los derechos de los animales y en la promoción de una convivencia más ética y respetuosa«. Esta práctica está prohibida en el Estado español desde 2017, con amplio respaldo no solo por las organizaciones animalistas, sino también por veterinarios.

AnimaNaturalis ha presentado una denuncia formal ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. «Estas mutilaciones no solo son innecesarias, sino que provocan un sufrimiento evitable en los animales. No podemos permitir que un paso atrás en bienestar animal valide prácticas dolorosas que ya deberían formar parte del pasado», ha declarado la abogada de AnimaNaturalis Cristina Ibáñez.

Desde APDDA, el diputado Nahuel González ha manifestado que «no podemos permitir que se normalice una práctica que solo responde a criterios estéticos y carece de toda justificación ética o médica».

Reglamento taurino

Este no es el único retroceso en materia de protección animal que pretende echar a andar la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Ayuso pretende modificar su reglamento taurino y eliminar la palabra «maltrato», lo que abriría la puerta al regreso de festejos como los toros embolados o enmaromados, prohibidos desde hace casi tres décadas en la autonomía. Mientras tanto, el único toro embolado que pervive en Castilla y León fue suspendido el año pasado por orden judicial.

La Comunidad de Madrid ha aclarado que no se legalizarán los toros embolados, pero la falta de una prohibición explícita en el reglamento sigue provocando dudas al respecto. Otra ambigüedad en el texto abriría la puerta a la entrada de menores de edad en distintos festejos taurinos. Mientras tanto, Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para prohibir el acceso de niños y niñas a estos eventos, su participación en escuelas taurinas, su acceso a contenidos audiovisuales taurinos y su ejercicio como toreros, como medidas de protección a la infancia frente a la violencia.

La reforma madrileña también permitirá utilizar a un mismo toro en distintos eventos, lo que los expondrá a un mayor sufrimiento tanto físico como psicológico; e incluirá un aumento de los presupuestos destinados a la tauromaquia, con 6’2 millones de euros para este 2025 que se suman a los 1’7 millones que el Gobierno de Ayuso destina a la Fundación Toro de Lidia y los 4’5 millones que van al Centro de Asuntos Taurinos.

Distintas entidades como AnimaNaturalis o PACMA han presentado alegaciones al Proyecto de Decreto sobre Espectáculos Taurinos en Madrid.