La norma sigue al Reglamento europeo aprobado recientemente

Organizaciones ambientalistas piden al Gobierno español que tramite de forma urgente la ley de productos libres de deforestación, siguiendo la normativa europea, «fundamental para eliminar la contribución a la pérdida de selvas tropicales«, señalan. La norma afectará, entre otros, a los productos procedentes de la ganadería, principalmente por el uso de piensos o granos importados de países donde se han deforestado incontables hectáreas de bosques para cultivos destinados a los animales.

Concretamente, se verán afectados la soja, el aceite de palma, el cacao, el café, el caucho, la madera, los derivados de la ganadería vacuna y todos aquellos procedentes de explotaciones ganaderas donde los animales hayan sido alimentados con alguno de dichos productos.

Ecologistas llevan años reclamando a los gobiernos europeos que dejen de contribuir a la deforestación como medida para frenar la crisis climática y biodiversidad. Estas organizaciones se han agrupado en la Alianza Cero Deforestación, y alertan de que «el tiempo corre en contra para la adopción de todas las disposiciones que permitan la correcta aplicación a tiempo del reglamento europeo contra la deforestación importada (Reglamento EUDR 2023/1115).

Para ello, piden al Gobierno de España la aprobación de la ley que incorpore a nuestro ordenamiento jurídico dicho reglamento, que aunque es de aplicación directa, requiere que su régimen sancionador sea recogido en una ley de carácter estatal. La ley también debe detallar las competencias para los diferentes niveles de las administraciones españolas, incluyendo los sistemas de información, los planes de control e inspección o el intercambio de datos entre ellas y con sus homólogos europeos.

La Alianza Cero Deforestación ya ha presentado alegaciones para mejorar la ley en el paso de consulta pública. «Su tramitación en las Cortes debería ser rápida y exenta de polémicas y enfrentamientos partidistas, pues lo que está en juego es simple y llanamente una de las medidas que más pueden ayudar a frenar la deforestación de los ecosistemas más biodiversos del planeta: las selvas tropicales y ecuatoriales y la vulneración de los derechos humanos de quienes los habitan», manifiesta.

Detener la pérdida forestal «es imprescindible para hacer frente a la crisis climática y para frenar la extinción masiva de biodiversidad, las dos caras de la misma moneda: una crisis ecológica global que amenaza a nuestra sociedad y al conjunto de la vida en el planeta», agregan.

Presiones

A nivel europeo, no cesan las presiones para que la Unión Europea retrase la nueva ley contra la deforestación, bajo el pretexto de que los afectados no tienen tiempo para prepararse y podría perjudicar a la economía o al suministro de productos. Su entrada en vigor está prevista para el próximo año.

La norma tampoco ha gustado nada a países como Brasil, Canadá, Estados Unidos, China, Australia o Nueva Zelanda, ya que cierra la puerta a numerosas importaciones de estos lugares de productos implicados en la deforestación.

Esta ley ha estado presente en las negociaciones de los grupos políticos para dar su apoyo a un segundo mandato de Ursula Von der Leyen tras las elecciones europeas, ya que el Partido Popular Europeo proponían revisarla, mientras que los socialdemócratas y los Verdes exigían que se mantuviera sin cambios. Von der Leyen no hizo ninguna mención al reglamento durante su discurso de investidura en la Eurocámara.

Grandes compañías como Nestlé, Ferrero, Mars Wringley o Archer Daniels Midland han mostrado su apoyo a la norma, si bien piden que la Comisión Europea ayude a las empresas a cumplir con los nuevos requisitos. Entre estos requisitos se encuentra la obligación de los importadores de los productos afectados y sus derivados de demostrar con un sistema informático de geolocalización que estos no han generado deforestación o degradación de masas forestales. Las empresas pequeñas tienen hasta junio de 2025 para adaptarse, pero el margen es menor para las grandes compañías.