La mayoría de los equinos se localizan en estado de debilidad y muchos son de edad avanzada

El Ayuntamiento de Alzira (Valencia) registra el abandono de un caballo al mes. Una nueva ordenanza municipal pretende solventar esta situación con multas de hasta 3000 euros por considerarla una infracción muy grave, pero la mayoría de los equinos carece de identificación, lo que dificulta dar con su responsable. Pese a la inquietante cifra de un abandono al mes, la concejala de Bienestar Animal, Lara Ferrer, ha reconocido que «ahora hay menos que antes».

El último caballo abandonado en Alzira, Campanilla, fue trasladado a las instalaciones de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, con la que el Ayuntamiento tiene contratado el servicio de recogida de equinos y donde se le iba a buscar adoptante, pero pocos días después de su llegada falleció.

La mayoría de los caballos abandonados son individuos de edad avanzada, debilitados o en condiciones muy precarias, que ya no resultan útiles para sus responsables.

La Plataforma Animalista de Alzira ha calificado como «preocupantes» los continuos abandonos de caballos en el municipio y pide que se tomen las medidas oportunas para evitarlos. Los animalistas también han querido recordar la raíz de este problema: la explotación y el uso de los caballos para distintos fines, como cargar peso o algunas labores del campo. En estos casos, en muchas ocasiones sufren el abandono cuando dejan de ser útiles para el interés humano.

El grupo pretende abordar este tema en una reunión con el Ayuntamiento, en la que también se tratará el control ético de los jabalís o la educación antiespecista en la infancia.

Los caballos también están siendo el centro de la atención de la Plataforma Animalista de Burjassot (Valencia), aunque la última reivindicación del colectivo no tiene que ver con los equinos, sino con las tórtolas, que constantemente aparecen muertas en una zona concreta de la localidad. Por ello, la Plataforma ha pedido que se investiguen los hechos, tras constatar con la Policía Local que no se ha autorizado ninguna cacería de este especie.

La Plataforma también alerta de que las tórtolas podrían haber sido cazadas sin permiso o haber sido envenenadas, lo que también conllevaría un riesgo para la salud pública.