La falta de trasparencia en el destino de los fondos deja un sabor agridulce

El Ayuntamiento de Altea (Alicante) ha reforzado el presupuesto para la gestión de colonias felinas, tras años de denuncias y presión ciudadana liderada por la asociación Bigatos. Sin embargo, el incremento presupuestario no ha estado exento de críticas por la falta de transparencia.

La Ley 7/2023 obliga a los ayuntamientos a esterilizar e identificar a los gatos comunitarios con microchip, así como a proporcionarles atención veterinaria. Dadas estas responsabilidades, el presupuesto de 10000 euros que el Ayuntamiento de Altea destinaba en 2023 a las colonias felinas resultaba insuficiente. Sin embargo, en 2024 la partida presupuestaria se redujo a 4000 euros para esterilizaciones «y la escandalosa cifra de cero euros para otros gastos esenciales, como alimentación o veterinario», denuncian desde Bigatos.

La asociación presentó alegaciones formales a los presupuestos de 2024 a las que se hizo caso omiso. Ante esta inacción, Bigatos interpuso un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia para exigir al Ayuntamiento el cumplimiento de sus obligaciones legales. La sentencia todavía está pendiente, pero la presión social y legal ya ha surgido efecto.

Este 2025, la partida para la gestión de las colonias felinas asciende a 18000 euros, pero Bigatos advierte de que el nuevo presupuesto carece de claridad: «La opacidad sigue siendo un problema. No sabemos cómo se gestionarán esos fondos ni si se aplicarán medidas éticas y eficaces», señalan.

La asociación reconoce el incremento presupuestario como un avance, aunque recalca que «el Ayuntamiento ha actuado tarde, mal y bajo presión, pero no bajaremos la guardia». Bigatos también hace un llamamiento a la ciudadanía, en la que en estos años ha encontrado respaldo, para que mantenga la vigilancia sobre el destino de los fondos: «La ética no puede quedar relegada a partidas opacas. Los derechos de los animales no son negociables«.

Bigatos reafirma su compromiso de continuar trabajando hasta que las colonias felinas sean gestionadas de manera transparente, ética y efectiva. «Este caso demuestra que la presión ciudadana puede forzar cambios, pero también que la perseverancia y el uso de vías legales son esenciales para consolidar los avances», apuntan.