Defienden un uso responsable de los antibióticos, pero coinciden en que la nueva legislación pone en riesgo el bienestar animal

Las clínicas veterinarias pararán simbólicamente este martes, 11 de febrero, para protestar contra el Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios e impone restricciones al suministro de antibióticos en los centros. A la convocatoria se han sumado asociaciones y colegios veterinarios de toda la geografía española, que han organizado actos en diferentes ciudades a las 11:00 de la mañana, momento en que cerrarán las clínicas durante una hora.

La iniciativa partió de los veterinarios malagueños, y a ella se han ido uniendo profesionales de otras partes del país, como Valladolid, Zaragoza, León, Ceuta, Madrid o Valencia.

La nueva normativa obliga a los profesionales veterinarios a comunicar el uso de antibióticos al sistema Presvet, que genera «una carga burocrática excesiva y retrasa tratamientos clínicos». Además, la norma impone restricciones a la hora de dispensar antibióticos, lo que «impide a los veterinarios actuar según criterio clínico» y tratar a los animales adecuadamente, exponiéndolos a falta de tratamientos e incluso a sacrificios innecesarios. Incumplir la norma supone penalizaciones graves para los profesionales.

Los veterinarios consideran que las nuevas restricciones afectan a la calidad de la atención, a su labor como profesionales y al bienestar de los animales. Los profesionales no creen que la norma aporte beneficios en la lucha contra la resistencia a los antibióticos, en la que se justifica el Real Decreto, ya que el uso de estos medicamentos en animales considerados de compañía representa solo el 0’08% del total farmacéutico, porcentaje muy inferior al de los fármacos dispensados en ganaderías que sí suponen un riego real de resistencia antimicrobiana.

El Real Decreto ha generado un enorme malestar en el colectivo veterinario, pero también en los tutores de animales de familia que ven ahora más reducidas sus posibilidades de tratarlos cuando lo requieren o en casos de urgencia. Si un animal necesita un antibiótico, estos se ven obligados a comprarlo en farmacias veterinarias, y no en todas las ciudades existen servicios de este tipo. Además, las farmacias no dispensan la cantidad justa de antibióticos que forman parte del tratamiento, sino el envase completo, lo que contradice el propio objetivo del Real Decreto.

Asimismo, la legislación impide a los profesionales vender en sus clínicas medicamentos que no exigen receta, como antiparasitarios, pero sí es legal su venta en tiendas de animales o supermercados.

Los veterinarios aprovechan también la jornada de hoy para reclamar la bajada del IVA veterinario, actualmente en el 21%, prometida por partidos políticos en los últimos años pero que sigue sin materializarse en los presupuestos.