Las decisiones de compra de las administraciones pueden influir directamente en las prácticas de las empresas
La ciudadanía europea podrá manifestar sus opiniones acerca de la calidad de los menús en escuelas, hospitales y otros organismos públicos hasta el próximo 7 de marzo, en el marco de la consulta pública sobre la contratación. Se trata de una oportunidad para que la población influya en la toma de decisiones sobre la adquisición y oferta de alimentos sostenibles y respetuosos con los animales con dinero público, y para pedir que estas se alineen con los objetivos climáticos y la transición alimentaria hacia un modelo dietético basado en vegetales.
La contratación pública es el proceso por el que las autoridades o instituciones adquieren bienes y servicios de empresas. En estas decisiones reside también el ejemplo que nuestros representantes dan a la ciudadanía, pero a su vez, pueden verse influidas por la percepción y la demanda de los consumidores e influyen directamente en la forma de trabajo de las empresas.
Para Eurogroup for Animals, se trata de «un canal increíble a través del cual promover normas más estrictas de bienestar animal en toda Europa. Si los vendedores tuvieran que garantizar un determinado nivel de bienestar animal en los productos que venden a organismos públicos, los productores que lo cumplan recibirían más apoyo. Al mismo tiempo, se les animaría a priorizar y aplicar medidas de mayor bienestar para no quedarse atrás frente a la competencia», agregan.
En Suecia, las prácticas de contratación pública han repercutido directamente en las condiciones de vida de los animales en granjas. Así, la actualización de los criterios de la Agencia Nacional Sueca de Contratación Pública ha llevado a varios ayuntamientos a comprometerse a comprar únicamente pollo o derivados de razas alternativas a las consideradas «de engorde». Esta decisión «enviará un mensaje claro tanto a los productores como a los responsables políticos de que el bienestar de los pollos es un factor a tener en cuenta en las decisiones de compra de las autoridades públicas».
En la actualidad, las empresas en la Unión Europea solo tienen que cumplir una norma obligatoria relacionada con el precio cuando venden productos a instituciones públicas, pero son necesarias más medidas. Eurogroup for Animals pide criterios de calidad de los productos, incluido el bienestar animal, como obligatorios en toda la contratación pública. Esto «probablemente les animaría a tomar decisiones más sostenibles y basadas en plantas«.
Además, «lograr que las instituciones públicas apoyen un mayor bienestar animal mediante mejores prácticas de contratación pública repercutiría sin duda en la vida de millones de animales», añaden.
Planta Vida
En España, la organización FAADA ha impulsado el proyecto Planta Vida, que trabajará con centros escolares y administraciones para reducir su huella ecológica y fomentar menús basados en proteína vegetal con la consiguiente reducción de la animal. La iniciativa cuenta con el apoyo de ProVeg y busca «transformar los comedores escolares».
«El cambio empieza en la educación y la alimentación infantil», señalan desde FAADA. Su proyecto fomentará dietas equilibradas basadas en plantas que repercutirán positivamente en la salud de niños y niñas, así como en la del planeta y en los animales, en un contexto en el cual el consumo de carne en nuestro país «casi duplica las recomendaciones sanitarias, lo que tiene consecuencias ambientales y sanitarias alarmantes. Además, millones de animales sufren cada año las condiciones extremas de la ganadería intensiva».
El proyecto comenzará en Cataluña, pero espera expandirse a otras comunidades autónomas, con talleres interactivos sobre el impacto del sistema alimentaria y la presentación de opciones sostenibles y éticas; y formación online para docentes, personal de comedores, catering y familias, impartida por especialistas en nutrición, sostenibilidad ética.
La iniciativa está alineada con la Agenda 2030 de la ONU, la Guía de Alimentación Saludable en la Etapa Escolar y el Plan Estratégico de la Alimentación de Cataluña (PEAC) 2021-2026.


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