Especies en peligro como el urogallo cantábrico o el milano real se verían afectadas

Dos macroproyectos eólicos en la Sierra de Gristeo (León) ponen en peligro a especies ya en una situación extrema, como el urogallo cantábrico, el milano real o el oso pardo. Las organizaciones WWF, SEO/BirdLife y Fundación Oso Pardo exigen la denegación de ambos proyectos por su grave impacto ambiental y sobre espacios cercanos de la Red Natura 2000 y un Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA), como el Alto Sil, a menos de un kilómetro.

Se trata de las centrales eólicas «El Páramo» y «Ampliación El Páramo», proyectadas en espacios de alto valor ecológico por una empresa filial de Repsol y actualmente en trámite de autorización. Se plantea la instalación hasta 23 aerogeneradores y más de doce kilómetros de líneas de evacuación aérea que impactarían sobre el hábitat de numerosas especies, algunas en peligro de extinción.

Los ecologistas alertan de que los proyectos «vulneran principios fundamentales de conservación» y manifiestan que «no tiene sentido invertir en recuperación mientras se autoriza la extinción», en referencia a los programas de cría en cautividad del urogallo de la Junta de Castilla y León.

En cuanto al oso pardo, los aerogeneradores se ubicarían a menos de 2’5 kilómetros de un área crítica para la especie y afectarían a uno de sus corredores esenciales, que ha sido ignorado en el Estudio de Impacto Ambiental.

No es la primera vez que se plantean proyectos de esta envergadura en la zona, que pudieron ser frenados en los tribunales, por lo que las organizaciones ecologistas amenazan con la vía judicial si la administración sigue adelante con la autorización de los proyectos.

«Reiteramos nuestro apoyo a la transición energética, pero exigimos que las energías renovables no se instalen en áreas de alto valor ecológico», recalcan. Estas energías «son esenciales para frenar el cambio climático, pero no pueden desarrollarse a costa de nuestra biodiversidad«. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y SEO/BirdLife han elaborado mapas de sensibilidad ambiental en los que se identifican zonas adecuadas y zonas de exclusión para evitar impactos negativos sobre el ecosistema.

Los ecologistas recuerdan que los proyectos en zonas sensibles «solo generan incertidumbre y ralentizan el despliegue de las renovables», y con ello la transición energética.

Plantas fotovoltaicas

Las plantas fotovoltaicas en determinados espacios también afectan negativamente al ecosistema. Recientemente, SEO/BirdLife ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la autorización de la planta solar fotovoltaica Caelum IV, proyectada también en la provincia de León, tras la desestimación de un recurso de alzada anterior.

La organización alude a graves deficiencias en la evaluación de impacto ambiental, y alerta de que el proyecto perjudicaría «de forma irreversible a varias especies de aves esteparias y protegidas y espacios de la Red Natura 2000″.

La instalación «producirá una pérdida directa de superficie de hábitat útil para las aves esteparias», señalan, a lo largo de unas 190 hectáreas, «con la consecuente pérdida de conectividad ecológica y aumento del riesgo de mortalidad asociado». Especies como la avutarda, el aguilucho cenizo y el sisón, entre otras aves, dependen de estos hábitats para su reproducción y supervivencia.

Según SEO/BirdLife, la Dirección General de Política Energética y Minas del Miteco autorizó el proyecto sin someterlo a una evaluación de impacto ambiental de acuerdo a la normativa. En su lugar, se recurrió a un procedimiento simplificado, con la elaboración de un Informe de Determinación de Afección Ambiental que ignora numerosos impactos.

La planta se ubicaría a unos 1000 metros de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Oteros-Campos y estaría proyectada en su totalidad dentro del Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) Tierra de Campos.

El proyecto estaría incumpliendo el Real Decreto-Ley 6/2022, que únicamente permite la tramitación simplificada para proyectos en zonas de baja sensibilidad ambiental. La Junta de Castilla y León tampoco habría tenido en cuenta las recomendaciones de someterlo a una evaluación ordinaria ni se habrían realizado los estudios necesarios para garantizar que la planta no afecte a las poblaciones de aves amenazadas, en base a la normativa.