La propuesta también restringe las cacerías en cotos del país

Un proyecto legislativo bautizado como «Ley ProTECT» busca acabar con la importación de trofeos de caza de especies amenazadas en Estados Unidos. La propuesta ha sido reintroducida recientemente, tras haber sido presentada anteriormente sin éxito. Su objetivo es salvaguardar la fauna silvestre amenazada contemplada en la normativa del país.

Así, la normativa prohibiría la importación de trofeos de animales en peligro de extinción, pero también impondría restricciones a este tipo de caza dentro del propio país.

Una encuesta de 2015 reveló que el 86% de los estadounidenses se opone a la caza mayor. Los defensores de la caza de trofeos suelen argumentar que esta actividad contribuye a la conservación de los animales al aportar beneficios económicos para esta, pero no existen pruebas científicas que sugieran que el dinero que aportan los cazadores para abatir animales repercuta de alguna manera en la recuperación de las especies amenazadas o en las comunidades locales.

Por el contrario, estudios demuestran que especies como los elefantes o los leones repercuten de forma más positiva en la economía cuando están vivas, ya que generan beneficios a lo largo de mucho más tiempo por el turismo y la observación, sin olvidar que el respeto a la vida de estos animales es la única solución para su protección y mantenimiento.

Por otro lado, la caza perjudica la salud y el equilibrio de las poblaciones de numerosas especies. Los cazadores suelen abatir a los individuos más grandes y fuertes, lo que altera la estructura social de todo el grupo, afecta al comportamiento de sus miembros y tienen consecuencias genéticas perjudiciales. Si a la caza autorizada se suma la furtiva y otras cuestiones como la pérdida de hábitats y la crisis climática, la búsqueda de trofeos agrava aún más la crisis de biodiversidad.

Dentro de Estados Unidos, también existen cotos de caza donde el modus operandi es similar al que tiene lugar en África, pero con cazadores locales que acuden a fincas valladas para matar animales, por lo que pagan altas sumas de dinero. Aunque la matanza de individuos pertenecientes a especies catalogadas como «amenazadas» en el país es ilegal, a menudo los cotos reciben permisos de las autoridades que permiten que las cacerías afecten también a estas especies. El Animal Welfare Institute pide que «no se satisfagan los intereses de cazadores ricos a los que les importa más montar la cabeza de un animal muerto en una pared que proteger especies en vías de desaparición».

Según esta organización, la caza autorizada de ciertas especies amenazadas perpetúa la existencia del furtivismo, por lo que esta práctica resulta contraria a los objetivos de la normativa de conservación del país.