Se trata de la primera propuesta contra la explotación extensiva de estos octópodos

La entidad de operadores jurídicos INTERCIDS ha presentado la primera propuesta para prohibir las granjas de pulpos en España, a través de una modificación en la Ley de Cultivos Marinos. La iniciativa surge como respuesta al rechazo social, científico y ecologista hacia la explotación intensiva de estos octópodos, todavía inexistente en España pero ha amenazado con instalarse en Canarias y en Galicia. Para INTERCIDS, la propuesta «es un ejercicio de responsabilidad pública».

En 2021, la multinacional Nueva Pescanova anunció su intención de instalar una granja de pulpos en España, que sería la primera del mundo, con una amplia respuesta ciudadana que hoy sigue pidiendo a los poderes públicos que eviten esta actividad en nuestro país, por su crueldad con los animales y por sus nocivos sobre el ya deteriorado medio ambiente. En la actualidad, no existe una normativa que regule este tipo de granjas, por lo que INTERCIDS, Operadores jurídicos por los animales, ha elaborado una propuesta para establecer directamente su prohibición, medida que ya han tomado otros gobiernos del mundo.

INTERCIDS recuerda la existencia de estudios científicos sobre los pulpos que demuestran su gran complejidad cognitiva y conductual, de memoria, curiosidad y capacidad para explorar, utilizar instrumentos, resolver problemas complejos, planificar y anticiparse. También pueden padecer dolor físico y emocional, así como recordar ese sufrimiento y experimentar temor. Su cría en cautividad no solo sería cruel con los animales, sino que supondría aniquilar sus atributos y capacidades naturales. INTERCIDS argumenta que esto sería «incompatible con sus necesidades, sometidos a un entorno sin estímulos y con riesgo de sufrir lesiones».

En situaciones de confinamiento y hacinamiento, los pulpos, solitarios por naturaleza, pueden llegar a automutilarse o agredirse entre ellos. Además, la falta de estimulación ambiental puede tener un impacto perjudicial en sus capacidades cognitivas. Tampoco se ha desarrollado un método para aturdirlos antes de matarlos sin provocarles dolor ni angustia.

Consecuencias para el medio marino

«En un momento en el que la protección de los ecosistemas y la biodiversidad marina es cada vez más necesaria y urgente, no pueden obviarse los negativos impactos y daños al océano asociados a la cría y explotación intensiva de estos animales, cuyo consumo hasta ahora procede de la pesca artesanal», señala INTERCIDS.

Entre estos impactos se encuentran: vertidos de residuos y de agua recirculada al mar, que alteran el medio acuático e impactan en sus especies; el uso de productos químicos y tóxicos que pueden contaminar el entorno y amenazar la salud pública; las emisiones de CO2 que contribuyen al efecto invernadero; la contaminación lumínica que afecta a diversas especies; problemas derivados de los malos olores producidos por las granjas; liberaciones accidentales al mar que pueden afectar negativamente a otros pulpos, con sus capacidades mermadas, y al equilibrio ecológico.

Todo ello sin olvidar que la acuicultura con especies carnívoras como los pulpos resulta insostenible e ineficiente en el uso de recursos naturales, no solo por sus elevados consumos de energía y agua, sino también porque estos animales necesitan proteína de otros individuos acuáticos para alimentarse, lo que conlleva mayor presión pesquera sobre las poblaciones de peces y crustáceos.

«Todas estas negativas consecuencias sobre los animales y sobre el ya muy fragilizado medio marino no pueden ser asumidas en favor de la explotación industrial masiva del pulpo, que ni resulta un alimento básico ni responde a necesidades de seguridad alimentaria que justifiquen su producción intensiva en granjas», afirma INTERCIDS. Por ello, la asociación, integrada por jueces, fiscales, abogados, procuradores, agentes de policía y forestales, apuesta por su prohibición legal.

La propuesta

INTERCIDS ha trasladado su propuesta de modificación de la Ley 23/1984, de 25 de junio, de Cultivos Marinos a la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA). El objetivo es la prohibición de la cría en cautividad de pulpos para consumo u otros fines productivos, así como de la comercialización de pulpos procedentes de estas granjas. Para ello, la entidad apela a la competencia del Estado para legislar de manera básica sobre la protección del medio ambiente y planificación general de la economía, a la vez que se respeten las competencias de las comunidades autónomas sobre acuicultura y gestión medioambiental.

INTERCIDS argumenta que la modificación de esta ley es coherente con las «Directrices estratégicas para una acuicultura de la UE más sostenible y competitiva para el período 2021-2030», entre las cuales la Comisión Europea indica que se deben «utilizar ingredientes en la alimentación que se obtengan de la forma más respetuosa posible con los ecosistemas y la biodiversidad, y que, al mismo tiempo, resulten adecuados para garantizar la salud y el bienestar de los animales», algo que según la organización «de ninguna manera pueden cumplir las granjas de pulpos».

Principio de precaución

«Los poderes públicos tienen el deber de proteger el medio ambiente y los animales. Y tienen que hacerlo aplicando el principio de precaución», declara INTERCIDS. La entidad explica que, en virtud de este principio, cuando una actividad puede tener efectos potencialmente peligrosos, ha de evitarse o adoptar medidas para prevenir eficazmente sus impactos.

«En el caso de las granjas de pulpos se trata de una actividad totalmente nueva, para la que no existe ninguna regulación específica y sobre la que ya sabemos que, de forma inevitable, conllevará consecuencias dañinas para estos animales y para el medio ambiente. Teniendo en cuenta esos negativos impactos, por precaución debe prohibirse. Y considerando que hasta ahora es una actividad inexistente, el momento de prohibirla es ahora. Es un ejercicio de responsabilidad pública«.