La Comisión Europea debilita la protección animal y ambiental en su última propuesta sobre la Política Agraria Común

La PAC, el principal instrumento de financiación de la agricultura y la ganadería en la Unión Europea, no parece avanzar hacia una transición alimentaria justa, sostenible y ética. Por el contrario, las últimas reformas y propuestas de modificaciones empeoran aún más la situación de los animales en las granjas y el impacto ambiental de la ganadería. Tanto los pequeños agricultores como las organizaciones ecologistas llevan años reclamando un cambio radical en esta política, que actualmente favorece, principalmente, a la gran industria cárnica y láctea.

La última propuesta de la Comisión Europea busca simplificar la PAC, una respuesta a una demanda de las entidades agroganaderas que «pone en riesgo el futuro del campo, la naturaleza y el clima«, tal como alertan SEO/BirdLife y WWF, puesto que «debilita la capacidad de adaptación del campo europeo ante la crisis climática, erosiona la legitimidad social de la PAC y rompe el vínculo con el Pacto Verde Europeo». La propuesta se suma a la lista de iniciativas que en los últimos meses ha fomentado la Comisión Europea, en favor de los intereses del lobby ganadero, entre las que se encuentra también la desprotección del lobo, la omisión de los países que más deforestan en la normativa contra la deforestación o la flexibilización del uso de pesticidas.

Entre las propuestas de la Comisión Europea se encuentran los pagos en función del número de animales en explotaciones ganaderas o de colmenas, en el caso de los productores de miel. Esta medida no solo fomenta la ganadería intensiva con el impacto ambiental que conlleva, sino que aumenta el sufrimiento de más animales criados para consumo. Las grandes empresas capaces de albergar a cientos o miles de animales en naves ganaderas industriales recibirán más financiación que los pequeños ganaderos, quienes, a su vez, se verán apoyados si explotan a más animales. En el actual contexto de crisis climática, la medida resulta un retroceso en el camino hacia un sistema alimentario sostenible.

La propuesta también rebaja otros requisitos ambientales establecidos como Buenas Condiciones Agrarias Medioambientales (BCAM) que todavía conserva la PAC, pero que podrían desaparecer de ella.

En este sentido, hasta ahora se permitía un margen de conversión de pastos permanentes en otros usos agrícolas del 5%, pero la Comisión Europea pretende ampliarlo al 10%, mientras debilita la obligación de restaurarlos una vez roturados. Los pastos permanentes son terrenos herbáceos, cultivados o no, que habitualmente se utilizan para la alimentación de los animales en granjas y que pueden ser hábitat de insectos o reptiles que no se encuentran en otras tierras de cultivo. Estos pastos, sin embargo, también se asocian con la deforestación y la pérdida de biodiversidad, ya que para obtener el terreno donde crecen pueden talarse bosques.

Por otro lado, la propuesta busca que cada país establezca sus propias normas en cuanto a la protección de humedales y turberas, lo que deja estos entornos naturales que albergan a una importante biodiversidad al amparo de la agricultura intensiva y la ganadería.

También se eliminan los artículos 120 y 159 del reglamento de la PAC, los cuales hasta ahora garantizaban la coherencia de esta política y las normativas medioambientales y climáticas. El artículo 120 establecía la obligación de revisar los planes estratégicos si se actualizaban leyes ambientales relevantes, y el 159 permitía incorporar nuevas normas de este tipo mediante codecisión. Se rompe, con ello, uno de los vínculos entre la PAC y el Pacto Verde Europeo, lo que debilita la ambición climática de esta política y advierte sobre futuros cambios en perjuicio de los animales y la naturaleza.

La propuesta también pone fin al sistema anual de control de resultados y reduce las inspecciones, lo que limita el cumplimiento de los compromisos establecidos.

La propuesta «debilita los estándares ambientales mínimos, reduce el control del uso de fondos públicos y rompe los vínculos existentes entre la PAC y la legislación climática y ambiental europea», señalan las entidades ecologistas.

De aprobarse estos cambios, no solo aumentaría el sufrimiento de los animales en granjas o la cifra de individuos explotados, sino también el daño a las especies salvajes, ya en riesgo por la crisis climática y de biodiversidad, al verse alterados sus hábitats, ya sean terrestres o acuáticos. A medio-largo plazo, las consecuencias también llegarían a la agricultura para consumo humano, ya gravemente afectada por las sequías o la infertilidad de los suelos explotados por los monocultivos, lo que pondría en peligro la seguridad alimentaria y aumentaría la vulnerabilidad de nuestra propia especie frente a la escasez de agua, la erosión de los suelos, la pérdida de polinizadores y los fenómenos climatológicos extremos.

«No es una simplificación, es un desmantelamiento. Necesitamos herramientas que permitan al campo adaptarse, no normas que lo dejen más expuesto al colapso ecológico», sostiene Meritxel Bennasar, coordinadora del Área para la Transición Vede de SEO/BirdLife.

Las organizaciones ecologistas piden que se mantenga un marco normativo común, que se potencien prácticas beneficiosas para el clima, la biodiversidad y la población o que se preserven los sistemas de evaluación y control para un uso transparente de los fondos públicos.