Aunque una sentencia previa ya suspendió la caza de cánidos, la Consellería de Medio Ambiente solicitó medidas contracautelares

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha denegado a la Xunta la autorización para cazar lobos en un municipio de Pontevedra (Cerdedo-Cotobade) y dos de A Coruña (Curtis y Ferrol). El objetivo de las batidas era frenar un supuesto incremento de ataques de lobo a la ganadería, pero el Tribunal considera que no hay pruebas técnicas suficientes que respalden este argumento.

En abril de 2025, la Xunta de Galicia publicó una modificación de su normativa de caza para añadir al lobo entre las especies en las que están autorizadas esperas, batidas y monterías, excepto entre los meses de abril y junio. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia gallego suspendió esta resolución.

Sin embargo, la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático pidió organizar batidas como medida contracautelar tras la decisión del alto tribunal. Ahora este ha concluido que no se ha demostrado un cambio de circunstancias que justifique la modificación de las medidas ya adoptadas, la suspensión de la caza.

«Evidentes consecuencias letales» sin un plan de gestión previo

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia argumenta que estas batidas tendrían «evidentes consecuencias letales» para los lobos, «omitiendo el análisis previo que el propio plan de gestión del lobo obliga a realizar».

Además, agrega que «no se aporta ninguna referencia técnica contrastada de un incremento de la densidad poblacional que determine un verdadero cambio de circunstancias respecto a lo valorado en el auto firme de suspensión cautelar».

La justicia recuerda que la caza de lobos significaría la muerte de «un número indeterminado» de individuos «que no se concreta, por lo que no cabe descartar que se pudiera producir un grave daño al ecosistema«. La situación de conservación del lobo sigue siendo desfavorable en toda la Península Ibérica, a pesar de la modificación de su estatus de protección.

El dictamen también sostiene que no se han aportado pruebas de que la caza sea compatible con la conservación de la especie, «ni tampoco de que se hayan agotado todas las medidas preventivas necesarias para evitar o paliar los daños y riesgos alegados».

Fuente: EFE Verde.