El partido Progreso en Verde lamenta que «no se ha tenido en cuenta el bienestar animal»

El partido animalista Progreso en Verde ha denunciado «graves negligencias» en las adopciones de hasta 50 perros rescatados de una «finca de los horrores» en Palma de Mallorca. Los animales salieron de allí en muy malas condiciones, algunos enfermos o con extremidades rotas. Luego se trasladaron al centro municipal de Son Reus, desde donde el Ayuntamiento ha gestionado las adopciones.

El propio consistorio emitió una nota de prensa para invitar a la ciudadanía a adoptar a los perros después del rescate. Pero lo hizo «sin tener en cuenta el sufrimiento padecido por los animales ni hacer un estudio de los posibles adoptantes», lamentan desde Progreso en Verde.

Tras esto, «como si se tratase de un Black Friday en cualquier tienda de la ciudad, decenas de personas se agolparon en Son Reus para la adopción de alguno de los perros rescatados», relatan.

El partido señala que se ha tratado a los animales «como simple mercancía», a pesar de su lamentable estado de salud e higiene. «Perros aterrorizados, enfermos y con fracturas en algún hueso» que se han dado en adopción «si tener en cuenta el bienestar animal», continúan. Progreso en Verde también se pregunta si el Ayuntamiento ha obtenido beneficio económico de estas adopciones.

Además, comentan que algunos adoptantes «han devuelto al perro diciendo que estaba enfermo o tenía miedo». Mientras tanto, «hay perros que llevan años en Son Reus y han sido relegados al más completo olvido por los dirigentes del centro municipal».

«Un castigo ejemplar»

En cuanto a los responsables de la finca donde se encontraban los perros, Progreso en Verde exige «un castigo ejemplar», aunque recuerda «la poca importancia que se le ha dado al caso». El presidente del partido animalista, Guillermo Amengual, teme que «otros animales ocuparán las jaulas de los perros rescatados».

Progreso en Verde también ha denunciado el trato que reciben algunas voluntarias y voluntarios en Son Reus, «coaccionados para que no hablen ni discutan las órdenes del centro municipal, y en caso de hacerlo, se les veta», sostienen.