La especie todavía no ha alcanzado un estado de conservación favorable en España

El Congreso de los Diputados ha aprobado esta mañana la retirada de la protección del lobo ibérico al norte del río Duero, tras dar luz verde a varias enmiendas presentadas por el Partido Popular (PP) a una ley ajena a esta cuestión, la del desperdicio alimentario, apoyadas por Vox, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts, que se ha abstenido en dos de las propuestas y ha votado a favor de otra. La medida abre la puerta al regreso de la caza de lobos en zonas clave para su conservación, donde en los últimos cuatro años se han logrado avances para la recuperación de las poblaciones aunque todavía es visible el rastro de la persecución cinegética de décadas. La especie está lejos de tener un estado de conservación favorable y su caza significará un grave retroceso en los progresos logrados desde su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), en 2021.

La entrada del lobo ibérico en el LESPRE hace cuatro años significó la prohibición de cazarlo, tras años de lucha por parte de los movimientos ecologista y animalista. Desde entonces, tanto el sector cinegético como el ganadero no han dejado de presionar para abatir lobos, alegando ataques a los animales considerados de granja que en ocasiones han resultado ser fraudes y un supuesto aumento de estos casos sin datos científicos. Este es uno de los motivos al que han aludido el PNV y Junts para su apoyo a las enmiendas de los populares, si bien ni en el País Vasco ni en Cataluña se localizan grandes grupos de estos cánidos. En el País Vasco, permanecen dos manadas compartidas con otras comunidades autónomas, mientras que en Cataluña solo se observan individuos sueltos y la especie se considera «extinta reproductora».

La rebaja de la protección del lobo aprobada esta mañana forma parte de una enmienda incluida por el PP a la ley contra el desperdicio alimentario, aprobada ayer en el Senado y refrendada hoy en el Congreso, que modifica el Real Decreto que desarrolla el LESPRE y el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Según la argumentación de los populares, los ataques de lobos generan millones de kilos de carne desperdiciada correspondiente a los animales considerados de granja que depredan o matan, si bien no aportan fuentes científicas sobre estas cifras. La derecha ha recurrido así a una treta para lograr lo que lleva tiempo pidiendo: la caza del lobo ibérico, un negocio para el sector cinegético con repercusiones nefastas para los ecosistemas y el conjunto de la biodiversidad, que probablemente impactará negativamente en otras actividades económicas rurales incompatibles con la presencia de cazadores, como los avistamientos en zonas como la Sierra de la Culebra (Zamora).

Esta enmienda no afecta, en principio, a las poblaciones de lobos del sur del río Duero, pero sí cambia el estatus legal de la especie. Además, junto a ella se han aprobado otras enmiendas que podrían poner también en peligro a los lobos del sur. En este sentido, se incorpora una moción por la que España deberá aplicar automáticamente cualquier cambio legislativo sobre el lobo en la Comisión Europea, que ya ha llevado la rebaja del estatus de protección de la especie al Convenio de Berna, si bien todavía no se ha modificado la Directiva de Hábitats para hacerla posible.

Otra de las enmiendas establece autorizaciones excepcionales para cazar lobos y otros depredadores por «la eficiencia del sistema productivo».

Vox ha lamentado que no se haya propuesto la exclusión total de la especie del LESPRE, tanto en las poblaciones del norte como en las del sur del Duero. Por su parte, los populares argumentan que la caza, que denominan «extracciones» de lobos dará un respiro a los ganaderos, pese a que se ha demostrado que la actividad cinegética desregula las poblaciones de lobos y en este escenario los ataques pueden volverse más frecuentes. Tampoco contribuyen a evitarlos las cacerías de animales salvajes presas de los lobos, como los ungulados.

Menos fondos para la ganadería

Aunque la desprotección del lobo cuenta con amplio respaldo en el sector ganadero, también podría jugar contra este, al reducir los fondos estatales destinados a cubrir los daños por posibles ataques de lobos, a lo que incluso se ha aludido esta mañana en el Congreso. La inclusión de la especie en el LESPRE significó un aumento sin precedentes de los fondos para la prevención de ataques e indemnizaciones por daños a los ganaderos, si bien WWF ha alertado de la falta de transparencia de las comunidades autónomas sobre el destino de los 20 millones de euros anuales que el Gobierno central les aporta para estos fines.

En el nuevo escenario, los animales que pastan al aire libre no solo podrían ver aumentados los ataques, sino que además sus titulares tendrán más difícil el acceso a compensaciones económicas.

Precedente

El movimiento ecologista teme que las enmiendas aprobadas hoy en el Congreso sienten un precedente al haber modificado el estatus legal de una especie de forma arbitraria, sin participación pública ni científica y en el marco de una ley ajena a esta cuestión.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguraba ayer que se tomarán medidas si la iniciativa salía adelante, como finalmente ha sucedido: «Tendremos que analizar las distintas herramientas a nuestra disposición para proteger a aquellas especies que entendemos que necesitan un espacio de protección».

Estado de las poblaciones

Según datos de WWF, el lobo ibérico tiene presencia en once comunidades autónomas, sobre todo en Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, cuyos gobiernos han sido muy beligerantes con el lobo. Las enmiendas aprobadas afectan a las manadas de estas cuatro regiones.

También se encuentran individuos en Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja y País Vasco, y en menor medida, en Aragón, Cataluña y Extremadura. Recientemente, WWF ha suspendido a estas once comunidades en cuanto a sus acciones por la conservación del lobo.

Los cuatro años que han pasado desde la inclusión de la especie en el LESPRE han dado sus frutos, pero el lobo ibérico sigue en peligro. Desde el censo realizado en 2012-2013, el aumento de las poblaciones apenas ha sido de un 8% en Castilla y León, de un 3% en Galicia y de un 13% en Asturias. Su estado de conservación sigue siendo desfavorable, no solo por la persecución cinegética a la que ha estado sometido durante años, sino también por la endogamia causada por el aislamiento de las manadas.

Si finalmente se modifica la Directiva de Hábitats para reducir la protección del lobo en la Unión Europea, los países miembros estarán obligados a alcanzar y mantener el estado de conservación favorable de sus poblaciones.