Varios procedimientos judiciales permanecen abiertos tras la salida de la especie del LESPRE

La lucha por la protección del lobo continúa en los tribunales, con distintos procedimientos judiciales abiertos. Ecologistas en Acción ha planteado a la Audiencia Nacional una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2025 de prevención del desperdicio alimentario por haber eliminado la protección del lobo. Para la organización, se trata de una «medida arbitraria» que desmantela décadas de esfuerzos por la conservación de la especie.

A través de una cuestión de inconstitucionalidad, la Audiencia Nacional puede solicitar al Tribunal Constitucional que revise si la norma cumple con la Constitución.

Ecologistas en Acción defiende la protección de todas las poblaciones de lobo ibérico, respaldada por la normativa europea y por la situación de conservación desfavorable de la especie, que hace ilegal su caza pese a que la Unión Europea haya rebajado también su protección.

La desprotección del lobo fue introducida en la ley contra el desperdicio alimentario mediante una enmienda introducida por el PP en el Senado, a pesar de no tener relación alguna con el objetivo de la norma. Por ello, para los ecologistas su aprobación vulnera los principios constitucionales. «No se puede permitir que mediante enmiendas arbitrarias en una ley sobre desperdicio alimentario, se desproteja una especie clave para nuestros ecosistemas. Es un ataque frontal al Estado de derecho y a la normativa sobre biodiversidad«, ha declarado Jaime Doreste, responsable jurídico de Ecologistas en Acción.

La organización sostiene que la conservación del lobo debe basarse en la ciencia, «no en intereses políticos o cinegéticos. Esta maniobra legislativa es un claro ejemplo de cómo se intenta desmantelar el marco jurídico de conservación de la naturaleza«, apunta Sara González Merinero, especialista en Derecho Ambiental.

Desde la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en 2021, las poblaciones de estos cánidos han estado libres de la persecución de los cazadores, si bien han tenido lugar actos de furtivismo al norte de España. Sin embargo, cuatro años de estricta protección no han sido suficientes para salvar a la especie y su estado de conservación sigue siendo desfavorable en todas las regiones donde habita en la Península Ibérica.

Ante la justicia europea

Por su parte, PACMA ha instado al Gobierno de España a impugnar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la rebaja en la protección del lobo en Europa. El partido ha presentado un escrito de alegaciones contra la desprotección del cánido y recalca que «el propio análisis que publicó la Comisión Europea sobre la situación del lobo expone que estas poblaciones son, en su mayoría, vulnerables, amenazadas, e incluso extintas, como las ubicadas al sur del Duero, en España», en palabras de Eva Ramos, asesora jurídica de PACMA.

PACMA argumenta que la modificación de la Directiva de Hábitats por la que se rebaja la protección del lobo no habría seguido el procedimiento legal, pues «fue aprobada con abstenciones de Bélgica, España y Polonia, sin la unanimidad requerida para modificar el Anexo IV de dicha directiva, lo que podría invalidar la legalidad del proceso», apunta Ramos.

También consideran que no se tuvieron en cuenta la diversidad de situaciones en las diferentes regiones y todas las poblaciones de lobos europeas han quedado desprotegidas en bloque, lo que según PACMA es «contrario al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), donde se exige que las políticas medioambientales tengan en cuenta estas diferencias internas».

El partido animalista también advierte de que «los censos en muchos estados son imprecisos y no se corrige el doble recuento de manadas fronterizas», lo que aumenta la cifra de individuos contabilizados sin que esta se corresponda con la realidad.

PACMA cita a España como ejemplo de este mal recuento, ya que hasta ahora la población estimada era de entre 2500 y 3000 individuos, pero los últimos datos oficiales concluyen en que «hay menos lobos que linces». A la espera de publicación del censo, se estima una población de menos de 2050 cánidos en todo el territorio nacional.

PACMA recuerda también que los incidentes con lobos en explotaciones ganaderas extensivas aumentan en los lugares donde se abaten lobos, mientras que disminuyen donde no se produce la caza de esta especie.

Furtivismo

Desde la salida del lobo del LESPRE, las comunidades autónomas al norte del Duero no han tardado en autorizar cacerías o eliminar protecciones regionales, como es el caso de La Rioja, donde apenas se cuentan unas decenas de individuos y en zonas fronterizas. En Cantabria, una de las comunidades más beligerantes contra el cánido, se ha abatido a una loba lactante, lo que habría provocado también la muerte de sus cachorros.

Otras comunidades autónomas no han establecido planes específicos contra el lobo, pero han tenido lugar actos de furtivismo. En el País Vasco, el Grupo Lobo de Euskadi ha denunciado el abatimiento de un lobo en el Parque Natural de Armañón, en Carranza, el pasado 8 de junio. Dos hombres encapuchados habrían abatido al animal, aparentemente un macho adulto, y habrían transportado su cadáver en un remolque mientras amenazaban con armas de fuego a las personas que trataron de documentar la escena, según testimonios.

El Grupo Lobo también denuncia furtivismo en otras zonas de Euskadi y recuerda que desde 2016 no se ha autorizado ninguna batida legal de lobos. «Sin embargo, en este tiempo ningún grupo reproductor se ha asentado en el territorio, a pesar de las continuas denuncias de daños al ganado por parte de algunos sectores ganaderos y sindicatos agrarios», lamentan.

La organización habla de una «estrategia de exterminio ilegal del lobo en Euskadi» por parte de personas que «actúan con total impunidad como una banda ilegal, incluso en espacios naturales protegidos, y con la complicidad por omisión de las administraciones vascas, de la Ertzaintza, de la Fiscalía y el silencio interesado de determinados colectivos y partidos políticos», denuncian.

«La propia fiscal de Medio Ambiente de Álava reconoció en una entrevista a un medio local que eran consciente de la existencia de caza furtiva de lobos, pero hasta la fecha no se ha hecho pública ninguna investigación, identificación de responsables o actuación judicial», explican.

Grupo Lobo Euskadi pide a las diputaciones de Vizcaya y Álava que investiguen los hechos, y a la Fiscalía de Medio Ambiente, que actúe de oficio. También piden a los sindicatos agrarios que condenen públicamente el furtivismo.

Para la organización, la desaparición del lobo «no solo es un crimen ambiental, sino también un síntoma de retroceso democrático y social en el respeto al medio rural y a los derechos colectivos».

En el País Vasco, solo se contabilizan dos manadas de lobos.

Este domingo, 22 de junio, personas de toda la geografía española se manifestarán en defensa del lobo.