Comienza en Madrid la temporada de caza más «inhumana», marcada por el incendio de la Sierra Oeste

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Los cazadores abatirán a más de un millón de animales, sin conocerse el estado de las poblaciones ni el impacto del fuego

La temporada de caza 2026-2027 ya ha comenzado en la Comunidad de Madrid. En los próximos meses, los cazadores abatirán a más de un millón de animales, sin conocer el estado de sus poblaciones. Este año, la temporada cinegética llega marcada por el impacto gran incendio de la Sierra Oeste de Madrid en numerosas especies, sobre todo de ungulados.

Hasta la fecha, no se ha dado a conocer un diagnóstico del efecto del incendio sobre la fauna, pero pueden observarse animales extremadamente delgados, tal como informa la Plataforma.

La temporada ordinaria de caza se extenderá, en la Comunidad de Madrid, hasta el 31 de enero para la caza menor (becada, paloma, zorzal, conejo, liebre, perdiz, codorniz o zorro, entre otras especies) y hasta el 21 de febrero para la caza mayor (ciervo, gamo, muflón y jabalí). A este período se sumarán otros discontinuos, entre abril y julio, para la cabra montés y el muflón. A partir de enero de 2027, la persecución aumentará, con la entrada en vigor de la polémica Ley de Caza y Pesca madrileña.

Sin embargo, solo existen 45000 licencias de caza en la Comunidad de Madrid, lo que equivale al 0’6% de la población frente a un 99’4% que no practica esta actividad. Esta minoría puede llegar a abatir a más de un millón de animales por temporada, sobre todo en caza menor. Conejos, palomas y perdices son las especies más afectadas, mientras que en caza mayor lo son el jabalí, el gamo y el ciervo. En el conjunto de España, el Anuario Estadístico Forestal 2024 cifró en más de 18 millones los animales víctimas de la caza durante esa temporada.

Sin estudios ni informes técnicos

La Plataforma Ecologista Madrileña recuerda que la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad recoge que no debe ejercerse presión cinegética sobre especies cuyo estado de conservación sea desfavorable o desconocido. La Comunidad de Madrid no realiza estudios ni informes técnicos al respecto antes de aprobar sus órdenes anuales. Tampoco lo ha hecho previamente a la aprobación de la Ley de Caza y Pesca.

Colectivos ecologistas y animalistas llevan años denunciando que las decisiones sobre la práctica cinegética se toman con base en los intereses del sector de la caza, sin tener en cuenta datos científicos verificados. Esto ha llevado a la autorización de la caza de especies en declive, como la tórtola europea, la becada, la perdiz roja, la codorniz, la paloma bravía, la corneja negra o la urraca, entre otras, sin analizar el impacto sobre sus poblaciones. La legislación recientemente aprobada permite incluso la caza de especies casi inexistentes en la Comunidad de Madrid, como la agachadiza chica, la agachadiza común, el ánade silbón o el ganso.

La conducta de la Comunidad de Madrid ya llevó, en 2018, a que el Tribunal Supremo anulara la orden anual de la temporada de caza 2014-2015, debido a la falta de datos sobre las especies afectadas. Más recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado la suspensión de la caza de nueve especies de aves para la presente temporada.

Todo ello evidencia, para la Plataforma, «la inadecuada gestión de la actividad cinegética que desarrolla la Comunidad de Madrid. La Consejería de Medio Ambiente prioriza los intereses de una minoría cazadora sobre el interés general de conservación de la fauna silvestre».

La caza continúa en el entorno colindante al terreno quemado

El gran incendio de la Sierra Oeste de este verano ha afectado a 27327 hectáreas, de las cuales 19512 son superficie cinegética. La Consejería de Medio Ambiente ha suspendido la caza en el territorio quemado, pero no en el entorno colindante. Es en este último donde los animales supervivientes se refugian y buscan alimento.

Colectivos y particulares continúan aportando alimento para estos animales, y confirman la existencia de ciervos, corzos e individuos de otras especies extremadamente delgados.

En agosto, la Plataforma Ecologista Madrileña solicitó la extensión de la suspensión de la caza a una zona más amplia para asegurar la recuperación de la fauna y un diagnóstico del impacto del fuego. La Consejería de Medio Ambiente todavía no ha dado respuesta ni ha actuado al respecto.

Para la organización, conformada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura, la caza este año «muestra una de sus caras más inhumanas. Si la administración no lo hace, deberían ser los propios cazadores quienes renunciasen a matar la fauna en estas condiciones».

Suspensión de la caza en cuatro pasos de palomas

La Plataforma Ecologista Madrileña también ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente que suprima la caza en los cuatro pasos de palomas autorizados. Uno de ellos se encuentra en el límite del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Los ecologistas aluden a la decadencia de esta modalidad de caza, la vulneración de la normativa del Parque Nacional, los posibles conflictos con otros usuarios del monte y la reciente suspensión judicial de la caza de nueve especies de aves.

Los denominados «pasos tradicionales de palomas» constituyen una modalidad de caza que consiste en abatir palomas torcaces que llegan en bandos desde el norte de Europa para pasar el invierno en la Península Ibérica. Entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, todos los días de la semana, los cazadores ocupan puestos fijos y esperan a que pasen las aves para abatir al mayor número posible. No existe un cupo máximo de individuos a abatir por cazador, ni estos están obligados a comunicar las capturas realizadas. Así, resulta imposible conocer el número de aves abatidas.

Menos pasos, menos puestos y más fondos públicos

Cada año, la Comunidad de Madrid declara los «pasos tradicionales de palomas» autorizados y aprueba las normas que rigen este tipo de caza. En los últimos 18 años, se ha pasado de once pasos autorizados en la temporada 2008-2009 a los cuatro actuales. En cuanto a puestos, se ha pasado de 62 en 2024 a 40 en 2026. Esta modalidad de caza ya es residual en cotos privados, y se mantiene mayoritariamente en montes públicos gestionados por la Comunidad de Madrid, donde los puestos se adjudican por sorteo y de forma gratuita. «Es decir, se está manteniendo con medios públicos una actividad que ha desaparecido de los cotos privados, posiblemente por la pérdida de interés y rentabilidad», declara la Plataforma.

Por segundo año consecutivo, los ecologistas han pedido la supresión de estos pasos, en especial el de El Boquerón, cercano al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Señalan que «mantener esta práctica carece hoy de justificación social y ambiental y supone un riesgo, tanto para la biodiversidad como para los visitantes del entorno».

A esto se suma el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. «Aunque en el paso de palomas lo que se permite es la caza de paloma torcaz, diferenciar, desde el puesto, los bandos de esta especie, de la paloma zurita y de la paloma bravía, cuya caza está suspendida, es harto complejo. Igual sucede con los zorzales, es muy difícil identificar en vuelo las especies que no se pueden cazar», explican. La Plataforma señala la suspensión de esta actividad como la única forma viable de asegurarse del cumplimiento del auto judicial.

El Boquerón

El paso de El Boquerón no solo se encuentra en el límite de un parque nacional, sino que es una zona transitada por personas que desarrollan otras actividades como senderismo, ciclismo o recogida de setas. Su cercanía con el espacio protegido puede alterar la dinámica de la fauna en este y propiciar la caída de cadáveres y la penetración de plomo. Además, acceder con armas al Parque Nacional está prohibido, y para llegar al paso es necesario atravesar este espacio.

«Por ello, la Consejería de Medio Ambiente debería suprimir estos pasos, en coherencia con los compromisos de conservación, el uso público seguro de los espacios naturales y para no poner en riesgo el cumplimiento del auto judicial», concluyen.

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