El próximo 6 de septiembre, personas de toda España saldrán a las calles para exigir el cumplimiento de la Ley 7/2023

Los gatos tienen ley, pero no se está cumpliendo. España acudirá, el próximo 6 de septiembre, a una cita en defensa de las colonias felinas a nivel nacional. Hasta 38 ciudades se han sumado a la iniciativa a través de manifestaciones en 16 de ellas y concentraciones en otras 22. La convocatoria tendrá lugar de manera simultánea en todas ellas, a las 12:00 horas (11:00 en Canarias).

La convocatoria no parte de ninguna entidad, sino de la iniciativa de gestoras de colonias felinas, asociaciones de protección animal y personas comprometidas con el cumplimiento de la Ley 7/2023, que obliga a los ayuntamientos a gestionar de forma ética las colonias felinas. Decenas de organizaciones apoyan la iniciativa, que busca ser un llamamiento a las entidades locales a que cumplan la normativa vigente.

Los convocantes denuncian un incumplimiento generalizado de la ley de bienestar animal, en municipios con ayuntamientos de todos los colores políticos. Algunos alegan que no tienen recursos, mientras que en otros prima el desinterés.

Mientras tanto, continúan naciendo en las calles camadas donde no se han establecido protocolos de gestión ética de las colonias felinas, pese a la obligación legal de los ayuntamientos. En otros lugares, son personas particulares las que asumen el coste y el tiempo de la aplicación del método CER (captura, esterilización y retorno) y de la alimentación de los felinos para garantizar su bienestar.

¿Qué obligaciones tienen los ayuntamientos?

Con la entrada en vigor de la Ley 7/2023, hace ya tres años, los ayuntamientos y las comunidades autónomas están obligados a establecer un censo de los individuos que componen las colonias felinas de sus municipios, así como a esterilizarlos y proporcionarles atención veterinaria.

Por ello, la convocatoria exige que todos los ayuntamientos implanten protocolos de gestión de colonias felinas, que las comunidades autónomas supervisen y coordinen el cumplimiento de la ley y que el Gobierno impulse la cooperación entre las administraciones y evalúe la aplicación de la normativa.

Asimismo, reclaman que se reconozca institucionalmente el trabajo de las miles de personas voluntarias que han dedicado su tiempo y dinero a esta labor durante años, especialmente mujeres.

Otra de las peticiones es la aplicación de mecanismos de transparencia y seguimiento para conocer qué municipios cumplen la ley y cuáles no.

Se manifestarán por ello Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, Castell de Ferro (Granada), Fuerteventura, Girona, Granada, Jaén, Madrid, Mallorca, Murcia, Salamanca, Sevilla, Vigo y Zaragoza. Las concentraciones, por su parte, tendrá lugar en Santiago de Compostela, Badajoz, Cáceres, Santander, Castellón, Ciudad Real, Bilbao, Formentera, Gran Canaria, Azuqueca de Henares (Guadalajara), Ibiza, La Palma, Lanzarote, León, Málaga, Melilla, Pamplona, Tarragona, Tenerife, Toledo, Valencia y Valladolid.