Recursos judiciales podrían retrasar la implantación del plan

El II Plan de Gestión del Lobo en Asturias prevé la matanza de 67 cánidos, sobre una población estimada de entre 412 y 460 individuos. El Gobierno asturiano retoma, con ello, la autorización de la caza de lobos con la excusa de «reducir los ataques a la ganadería«. Contra la evidencia científica, el Gobierno señala también que las matanzas son compatibles con la conservación de la especie.

Las actuaciones se plantean para su desarrollo entre septiembre de 2026 y abril de 2027, aunque los recursos interpuestos por entidades como PACMA podrían retrasar la implantación del plan. Además, podrán autorizarse cacerías puntuales entre mayo y agosto de 2027 y fuera de las zonas de gestión durante todo el año.

Entre los métodos planteados se encuentran aguardos o recechos selectivos por parte de agentes ambientales o personal autorizado, batidas y actuaciones durante cacerías de otros animales.

Mientras aumenta la presión sobre el lobo, se elevan también las indemnizaciones a ganaderos por supuestos ataques. En 2025, estas se incrementaron casi un 60% más que en 2021. Los ecologistas recuerdan que dichos ataques son más probables cuando la caza de lobos desequilibra las poblaciones.

El Gobierno de Asturias alega un supuesto incremento de las manadas de lobos y de los ataques a la ganadería, a lo que la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies ha respondido que «aunque haya aumentado su población sigue siendo una especie amenazada que requiere protección«.

El nuevo plan se ha elaborado después de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló una propuesta anterior aprobada para 2022-2023 al estimar un recurso de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL).

17/02/2026

El Tribunal Supremo anula el programa de caza de lobos de Asturias

La medida ya ha acabado con la vida de 39 cánidos de los 53 previstos antes de abril de 2026

El Tribunal Supremo ha anulado el programa anual de control del lobo del Gobierno de Asturias, tras estimar un recurso presentado por la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) inicialmente desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). El programa, aprobado en 2022 y cuya finalización estaba prevista el próximo 31 de marzo, ya ha acabado con la vida de 39 de los 53 lobos que componían el cupo de caza desde abril de 2025.

El fallo del Tribunal Supremo declara que la captura y matanza de lobos no se ajusta al ordenamiento jurídico. En este sentido, tras la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en todo el territorio español, la especie pasó a un régimen de protección estricta incompatible con las medidas de eliminación de individuos. Esta norma de rango superior dejó sin efecto los cupos establecidos.

Según la sentencia, cuando se inició el procedimiento legal y el TSJA emitió el fallo correspondiente, el programa ya debía estar derogado por la normativa estatal. En ese momento, por tanto, la resolución que lo aprobaba ya estaba anulada.

El lobo no está a salvo

Sin embargo, el Tribunal Supremo admite que la rebaja en la protección del lobo podría conllevar la aprobación de nuevas disposiciones contra la especie.

El Gobierno de Asturias ya se ha mostrado favorable a la matanza de lobos como medida de protección de la industria ganadera. Incluso ha anunciado que permitirá a los cazadores abatir individuos en las zonas donde aumenten los supuestos ataques a la ganadería como medida complementaria a otros planes.

Se estima que Asturias cuenta con unos 345 lobos. La región ha sido el escenario de varios casos de furtivismo contra la especie en los últimos años.