El partido insiste en la derogación de la Ley 18/2013, que blinda los espectáculos taurinos

PACMA ha presentado una solicitud formal dirigida al Ministerio de Cultura en la que solicita una reunión con el nuevo ministro, Ernest Urtasun, con el objetivo de trabajar en la derogación de la Ley 18/2013 para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. Esta ley es la responsable de que actualmente esta actividad esté blindada y de que su prohibición en Cataluña en 2010 fuese declarada inconstitucional.

El Partido Animalista con el Medio Ambiente señala que «la competencia otorgada al Estado por esta ley impide a las comunidades autónomas prohibir o incluso regular las prácticas relacionadas con la tauromaquia», y que a pesar de que la norma «trate de justificar el mandato de preservación y conservación de la tauromaquia, dirigido a todos los poderes públicos, haciendo alusión a la misma como ‘signo de identidad colectiva’ o ‘tesoro propio de nuestro país’, la realidad es que hoy en día la mayor parte de la sociedad española no se identifica con estas práctica atroces, sino que por el contrario, se avergüenza de un concepto de cultura y tradiciones basadas en el maltrato hacia los animales», en palabras de la vicepresidenta de PACMA y jurista, Cristina García.

Por su parte, el presidente del partido, Javier Luna, ha pedido al nuevo ministro que emprenda los pasos necesarios para impulsar la derogación de la citada ley, ya que el Gobierno de coalición cuenta con mayoría suficiente para hacerlo, al tratarse de una ley ordinaria.

Se suman a la petición

Otros colectivos han querido sumarse a la petición de PACMA. Es el caso de la Plataforma Antitaurina de Alfafar, que ha pedido a Ernest Urtasun «valentía política«. En el municipio, «nos encontramos con que no solamente los festejos son extremadamente crueles con los animales, sino que también vemos que no hay ningún control respecto a la infancia, la protección del vecindario que en su mayoría rechaza estos mal llamados festejos o el mobiliario urbano», señala la Plataforma. También lamentan el gasto de dinero público que estos eventos suponen y el abuso para la sanidad pública, «saturada por imprudencias de personas normalmente en estado de embriaguez», afirman.