El 19% de los países han empeorado aún más su situación

España ha reducido la caza ilegal de aves un 50% en la última década, según el informe de BirdLife The Killing 3.0. Sin embargo, millones de aves siguen muriendo víctimas de la caza, legal e ilegal, en toda Europa y el Mediterráneo.

El informe evalúa el progreso de 46 países frente al Plan Estratégico de Roma (2020-2030), adoptado en el Convenio sobre Especies Migratorias (CMS/PNUMA), por el que se busca reducir a la mitad la caza, captura y comercio ilegal de aves para el año 2030.

El informe de 2016 (The Killing 2.0) estimaba la muerte de aproximadamente 26 millones de aves al año por prácticas ilegales. Desde entonces, según el último análisis, el 83% de los países no están en camino de cumplir el objetivo de reducción; el 19% han empeorado aún más las cifras, sobre todo Egipto, Siria, Chipre y Libia; y solo ocho países (17%) muestran avances significativos o mantienen niveles bajos, entre ellos España.

A nivel mundial, la caza ilegal de aves está principalmente motivada por el lucro comercial. También se capturan para su tenencia en jaulas por su canto o belleza, o por prácticas tradicionales prohibidas, como el parany, método especialmente utilizado en la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña que consiste en untar árboles con pegamento para que las aves queden atrapadas. También se utilizan otro tipo de trampas o envenenamientos y armas.

Estas capturas ilegales son la segunda causa de declive de las aves migratorias, después de la pérdida de hábitats.

Algunas de las especies más amenazadas por la caza ilegal son la tórtola europea, el alimoche común, el jilguero o la codorniz, según SEO/BirdLife.

El caso de España

En España, en 2018 se prohibió la caza de fringílidos, como el jilguero o el verderón, para enjaular y concursos de canto, lo que redujo las capturas ilegales en cientos de miles de individuos. También se han implantado medidas contra el envenenamiento de fauna, y desde 2010 se han visto reducidos estos episodios. La colaboración entre organizaciones conservacionistas y agentes de la autoridad ha influido en estos avances, así como las labores de detección y forense de los Centros de Recuperación de Fauna, claves en el esclarecimiento de estos delitos.

Sin embargo, también ha habido intentos de legalizar prácticas prohibidas como el parany o el silvestrismo (captura de aves para su tenencia en cautividad, fundamentalmente por su canto). Además, desde SEO/BirdLife destacan que algunas comunidades autónomas no se han implicado tanto en la lucha contra la caza ilegal de aves, lo que se materializa en deficiencias en la formación de los servicios encargados de esta materia.

También sigue siendo necesario un mayor compromiso y sensibilización sobre la destrucción de nidos de aves migratorias para garantizar su conservación y el respeto a sus ciclos vitales. Esta realidad afecta, sobre todo, a golondrinas, aviones y vencejos.

Otras especies se ven amenazadas por la caza legal. Es el caso de la tórtola europea o la codorniz.

Por otro lado, España sigue siendo la puerta de entrada de aves víctimas del tráfico ilegal en Europa.

El informe, por último, propone algunas mejoras para implementar por parte de los gobiernos, como:

• Mayor voluntad política para la aprobación de planes nacionales y comités multisectoriales.
• Mejora de la monitorización de los casos, con la creación de bases de datos públicas y financiación para estudios y medición del problema.
• Una legislación más fuerte, con sanciones proporcionales y armonizadas.
• Unidades especializadas en delitos ambientales y formación para jueces, fiscales y agentes de la autoridad.
• Campañas de concienciación sobre la caza ilegal de aves.
• Cooperación transfronteriza contra el tráfico ilegal.