Solo un 0’8% de los casos de caza furtiva acaban con sentencias judiciales

Menos del 7% de los delitos contra animales salvajes fueron juzgados en España entre 2015 y 2020, según un informe de WWF, ante la carencia de una base de datos oficial. Se trata del análisis más exhaustivo realizado hasta la fecha sobre este problema en nuestro país. En su elaboración, han colaborado el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT), la Universidad de Granada (UGR) y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC).

Según el informe, las autoridades registraron un total de 4902 casos de delitos contra especies protegidas, que supusieron la muerte de 8784 animales. Sin embargo, solo se dictaminaron 327 sentencias judiciales (un 6’67%), lo que significa que el 93% de los casos no son juzgados. Entre las infracciones más frecuentes, se encuentra el uso de veneno en el campo, que acaba con la vida de unos 10000 animales cada año, de los que solo sale a la luz poco más del 10%.

Así, WWF destaca que la mayoría de estos delitos no se detectan. Entre las razones de ello, se encuentra la enorme extensión de terreno de monte o la falta de medios humanos. Por el contrario, el uso de nuevas tecnologías, la creación de unidades policiales especializadas o el uso de patrullas caninas contribuyen a la detección, según la organización ambientalista.

Además de los envenenamientos, la caza y la pesca ilegales, el uso de métodos de captura prohibidos o el tráfico de especies son otros delitos contra la fauna que se dan en nuestro país y que ponen en peligro a los animales salvajes, protegidos o no. En muchos casos, estos actos se relacionan con el crimen organizado o con otro tipo de delitos, como el tráfico de drogas, y los métodos utilizados son cada vez más sofisticados.

Muy pocos delitos contra la fauna acaban con una sentencia judicial. Muchos se tratan por la vía administrativa y terminan con multas, mientras que otros quedan sin resolver o sin descubrir. En los años que cubre el informe, las sentencias más frecuentes se dieron por posesión e artes de caza y pesca ilegales (213), por compraventa ilegal de fauna (32) y por uso de veneno (6).

Pese a ello, el envenenamiento protagonizó 1899 casos, y la caza furtiva, 1773, si bien solo un 0’8% de los casos registrados fueron juzgados. Por su parte, los casos de capturas con métodos ilegales fueron 446.

WWF denuncia que «los crímenes contra la vida salvaje no son delitos menores, pero las administraciones públicas siguen tratándolos como tales».

La investigación se enmarca dentro del proyecto LIFE SWiPE, que pretende perseguir los delitos contra las especies salvajes. Once países forman parte de esta iniciativa, entre los que se encuentra España.

WWF destaca la implementación de ciertas tecnologías en nuestro país para luchar contra estos delitos, pero también señala la necesidad de aumentar la cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o la formación de jueces especializados en este tipo de delitos, como en otros países.