INTERcids también pide un turno de oficio específico en este ámbito

Operadores jurídicos han propuesto la creación de un fiscalía especializada en delitos contra los animales e independiente de la de medio ambiente, en la que actualmente se encuadran. Los profesionales justifican la medida por la naturaleza distinta de ambos tipos de delitos y por el aumento de la sensibilidad hacia los animales, que trae consigo nuevas demandas sociales que conllevan implicaciones en los procedimientos judiciales, la investigación de los delitos y la protección de las víctimas. En la propuesta han participado INTERcids, la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales (ABADA), la Asociación de Abogados Pro Defensa de los Animales (PROTA) y Abogados Valencianos en Defensa Animal (AVADA).

Los operadores jurídicos han elaborado un informe-propuesta en el que reflexionan sobre la situación actual, las cifras, la diferenciación entre delitos contra los animales y el medio ambiente y los beneficios del tratamiento diferenciado de ambos. Esta diferenciación ya fue reconocida en la Ley 3/2023, de 28 de marzo, que incluye un nuevo título en el Código Penal sobre los delitos contra los animales por el que se reconoce su autonomía y mayor complejidad.

«Los delitos contra los animales presentan, por su especial naturaleza, unas particularidades distintas a las de los delitos medioambientales, por lo que requieren de unos conocimientos específicos, cuya debida atención conlleva dificultades añadidas que menguan la posibilidad de intervención por parte de estas fiscalías, que al mismo tiempo tienen encomendados otros tipos delictivos también muy específicos», explican. Todo ello afecta a la investigación y persecución de los delitos, así como en la capacidad para velar por la protección de los animales.

La creciente sensibilidad social hacia los animales y el rechazo a su maltrato ha incrementado la dedicación necesaria a los delitos contra estos, al mismo tiempo que han aumentado las denuncias y procedimientos, la implicación de la ciudanía y de los poderes públicos. Asimismo, la protección del medio ambiente ha cobrado cada vez más importancia en el contexto actual de crisis climática y la persecución de los delitos al respecto va en aumento.

Para INTERcids, una fiscalía especializada en delitos contra los animales «permitiría consolidar criterios uniformes, claros y precisos que faciliten a los fiscales el estudio detallado de la regulación y su labor en relación con estos delitos, para una mayor eficacia en su persecución». También daría pie a un conocimiento más completo sobre la amplia casuística en este tipo de delitos, en la identificación de las conductas o el nivel de victimización según la especie sobre la que se cometan; a un aseguramiento más eficaz de la prueba, la adopción de medidas cautelares y la salvaguarda de los animales víctimas o en situación de riesgo, «evitando supuestos en los que las diligencias de prueba necesarias pasan desapercibidas o en los que no se solicitan medidas cautelares necesarias para la protección de los animales», detallan.

Esta fiscalía también permitiría mejorar la coordinación con la policía judicial para agilizar las diligencias de investigación y la interlocución con entidades relacionadas como protectoras de animales o colegios veterinarios para la emisión de informes.

Turno de oficio específico

INTERcids también ha propuesto que los animales se integren en la Ley de Justicia Pública Gratuita, en el marco de la consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley al respecto. Los profesionales piden que los animales sean beneficiarios del sistema de asistencia jurídica y la posterior creación de un turno de oficio específico en los delitos contra estos, una propuesta ya presentada por la entidad en 2018.

Aunque el Código Penal ha evolucionado en el reconocimiento de las conductas punibles sobre los animales, en la práctica es necesario que se persone en el procedimiento judicial alguna entidad de protección animal o particular que asuma todos los gastos para que la protección sea plena. Estos no siempre disponen de recursos y en muchas ocasiones se ven obligados a no actuar en todos los casos que le llegan, lo que termina beneficiando a los encausados por delitos contra los animales.

Esta representación procesal está garantizada para las personas, que cuando carecen de medios económicos disponen del turno de oficio. No es así para los animales, «también protegidos penalmente y que igualmente pueden verse en la posición de víctimas de delitos», señalan.

INTERcids también ha diseñado un esquema de funcionamiento para el turno de oficio específico para los animales, que prevé la designación de un letrado o letrada desde el primer momento. Además, contemplan la realización de cursos de actualización de conocimientos a cargo de las comisiones y secciones de derechos de los animales para los profesionales que se adscriban a la prestación del servicio.