La ubicación geográfica o el coste adicional pueden dificultar la atención a animales en situaciones críticas

El decreto que regula la dispensación y prescripción de medicamentos para animales en las clínicas veterinarias ha dado pie a numerosas respuestas por parte de profesionales del sector, farmacéuticos y partidos políticos. Algunos de estos últimos defienden la medida porque es una adaptación de la normativa europea, si bien en otros países de la Unión Europea las clínicas veterinarias no están sujetas a estas restricciones y la norma inicial nació como solución al uso excesivo de antibióticos en las granjas que crían animales para consumo, no siendo este el caso de la gran mayoría de los que son tratados en clínicas. Otros han presentado propuestas alternativas.

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido García, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para que las comunidades autónomas puedan instaurar y regular un sistema similar al de las farmacias de guardia, pero para atender urgencias veterinarias, en este caso como una modificación a la Ley de Bienestar Animal.

La propuesta alude a la inexistencia de urgencias veterinarias en determinadas zonas y al alto coste que suponen, lo que dificulta el acceso para muchos animales. El grupo parlamentario indica que «existe una carencia relevante en la normativa vigente: la ausencia de una regulación que garantice la existencia de servicios veterinarios de urgencia accesibles para la atención inmediata de animales en situaciones críticas», lo que genera una «desigualdad territorial» y deja «a muchos animales desprotegidos en momentos clave para su salud y bienestar«.

Estos servicios de guardia garantizarían también «la disponibilidad de medicamentos y asistencia farmacéutica» y facilitaría «el tratamiento inmediato de posibles zoonosis o enfermedades transmisibles».

La propuesta, además, insta a tener en cuenta criterios similares a los de las farmacias de guardia, como la atención en horarios no habituales, la coordinación de turnos entre profesionales distintas clínicas y el acceso universal a este servicio. También pide que no se incluyan recargos adicionales por la condición de «urgencia» a los titulares de animales que hagan uso del sistema, para evitar «que el coste económico sea un obstáculo»; y que se promuevan mecanismos de colaboración público-privada para asegurar la viabilidad del servicio, también para el propio sector. Por último, piden que la propuesta se incluya en el Plan Estatal de Protección Animal.

Farmacéuticos

Los farmacéuticos también han entrado en el debate sobre las restricciones a la dispensación de medicamentos en clínicas veterinarias, y lo han hecho a favor del decreto que regula esta cuestión y que ha entrado en vigor este 2025.

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) señala a estos profesionales como los únicos habilitados para la adquisición, custodia, conservación y dispensación de medicamentos sujetos a prescripción, tanto para uso humano como para uso animal, en base a la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Alegan que esta ley impide que el prescriptor, sea médico o veterinario, no puede asumir el rol de dispensador y viceversa, para evitar «conflictos de interés».

También aluden al carácter de servicio público de la labor de los farmacéuticos en zonas rurales y otros lugares, si bien en cuanto a los medicamentos veterinarios, y sobre todo en situaciones de urgencia, es habitual que las farmacias no dispongan de ellos y que los titulares de animales tengan que recurrir a farmacias veterinarias, que no existen en todas las ciudades, y menos aún en pueblos. Además, en caso de dispensar el tratamiento, lo hacen en envases enteros en lugar de vender la cantidad exacta que necesita el animal, lo que contradice el objetivo del decreto de luchar contra la resistencia antimicrobiana.