La tutora del animal señaló que no podía costear una mastectomía, pero tampoco le suministró la medicación prescrita

El Tribunal Supremo ha absuelto a une mujer acusada de negar la eutanasia a su perra con un tumor mamario ulcerado en estado terminal tras manifestar que no podía costear una intervención quirúrgica, pero tampoco dispensó adecuadamente el tratamiento paliativo prescrito en la clínica veterinaria a la que acudió. Los profesionales recomendaron a la tutora del animal la eutanasia para evitar su sufrimiento.

El Supremo confirma así la absolución dictada por la Audiencia Provincial de Valencia en 2022, recurrida por una asociación protectora de animales.

Los hechos se remontan en 2018, cuando la responsable de la perra volvió de Bolivia y se encontró al animal en un grave estado de salud, por lo que acudió al veterinario. Allí le diagnosticaron un tumor mamario ulcerado de grandes dimensiones, con tejido necrótico y una infección derivada. La perra no tenía microchip y presentaba fiebre y mala condición corporal.

Según la acusación, la primera opción habría sido un tratamiento quirúrgico con mastectomía, que la titular del animal señaló no poder costear. Por ello, la veterinaria recomendó la eutanasia para evitar que la perra siguiera padeciendo dolor. En este momento, la acusada indicó que tenía que consultar la decisión con su hija y optó por aplicar un tratamiento paliativo para cinco días mientras reflexionaban sobre ello.

Sin embargo, pasados los días la responsable de la perra no volvió a la clínica para proceder a la eutanasia, ni tampoco se le aplicó el tratamiento prescrito. En enero de 2019, una intervención de la Policía Local de Valencia llevó al traslado del animal al Núcleo Zoológico Municipal, cuando presentaba una herida sangrante que ocupaba la mitad de su abdomen, inflamada y necrosada y con metástasis. Los veterinarios constaron que la enfermedad se había agravado por la falta de cuidados y asistencia profesional durante más de tres meses, y finalmente se le aplicó la eutanasia.

La primera sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Valencia sostiene que el estado de la perra no había apenas cambiado en esos más de tres meses, por lo que «no se puede concluir que hubiera maltrato activo» o abandono. También añade que no se encontraron pruebas concluyentes que justificaran la aplicación de la eutanasia o de «que el sufrimiento del animal fuese superior a su derecho a la vida» y alude al afecto hacia los animales para negar esta opción.

La sentencia cuenta con un voto particular firmado por dos magistrados contrarios a esta interpretación, que piden dejar a un lado el debate moral sobre la eutanasia. Estos consideran que la tutora de la perra incurrió en un delito de maltrato animal con «abandono y desatención«, que derivó en el agravamiento de su situación. También manifiestan que las lesiones y necrosis del animal en enero de 2019 podrían haberse evitado con una atención veterinaria adecuada.