Una investigación de las organizaciones ARDE y Satya Animal ha revelado serios incumplimientos en una granja de producción de huevos camperos con sello de bienestar animal Welfair. Por primera vez, se hacen públicas imágenes de una explotación de gallinas con este distintivo. La granja se ubica en Llucmajor (Mallorca), y en ella se han documentado gallinas conviviendo entre cadáveres en distintos estados de descomposición, algunos canibalizados; suciedad y otros animales como ratas o erizos.

Las imágenes fueron obtenidas en abril de 2025 en la granja mallorquina, formada por siete naves con hasta 136000 gallinas y un estercolero de 5000 kilómetros cuadrados. Por número de animales, esta es la mayor explotación ganadera de las Islas Baleares, y vende sus huevos a algunos de los principales supermercados del país.

Pese a que el Reglamento 2023/2465 exige que las gallinas camperas accedan de forma ininterrumpida y durante todo el día a un espacio al aire libre, los activistas han documentado que las gallinas de la granja de Llucmajor pueden pasar hasta seis días sin salir al exterior. También se han encontrado a algunas postradas en el suelo o aplastadas por puertas.

En la instalación donde viven confinadas, la falta de higiene es absoluta, con telarañas, cadáveres entre las gallinas vivas y los huevos y una mezcla de polvo, tierra y plumas, además de la presencia de ratas, e incluso erizos, que pueden transmitir enfermedades (zoonosis) que salten a los seres humanos, como la leptospirosis o la salmonella.

Un informante anónimo expresó a ARDE: «Nada más dar un paso, había ratas corriendo para arriba y abajo de las estructuras. Vi un cadáver y distinguí que era una rata únicamente por la cola». Se observaron también extintores con la revisión caducada, y fuera de las naves, contenedores con cadáveres en estado de putrefacción repletos de gusanos.

La granja ha sido denunciada ante la Fiscalía por presuntos delitos contra la salud pública y estafas. «Hemos enviado a Fiscalía imágenes que demuestran cómo las gallinas camperas no salen al exterior durante seis días, las puertas de la nave permanecen cerradas. El consumidor paga más por este tipo de huevos pensando que las gallinas tienen acceso al aire libre, pero esta expectativa no se cumple», expresa Julia Elizalde, portavoz de ARDE.

Precisamente, el precio de los huevos camperos podría ser la motivación para utilizar este término aunque no se cumplan las condiciones. Según la OCU, un huevo campero cuesta de media un 35% más que un huevo de gallinas criadas en suelo.

No sería la primera vez que se descubre a una granja de este tipo incumpliendo normativas similares. En Estados Unidos, la empresa avícola Alderfer Egg Farms fue denunciada por publicidad engañosa, tras demostrarse que sus gallinas camperas no tenían acceso al exterior. La empresa ha acordado poner fin al proceso judicial pagando 287500 dólares.

Ya en 2024, la granja mallorquina fue multada por la Fiscalía de Medio Ambiente de las Islas Baleares con 150000 euros por operar sin autorización medioambiental, trámite obligatorio del que sigue careciendo a día de hoy, por lo que está funcionando de forma ilegal. Ello no ha impedido que haya recibido una subvención de más de 380000 euros del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para la construcción de un centro de clasificación de huevos.

ARDE destaca que la granja debería cesar su actividad, desmantelar su instalación para restaurar el entorno y comenzar de nuevo los trámites, en base a la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que señala la imposibilidad de otorgar permiso ambiental a proyectos ya ejecutados que no se hayan sometido previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

La explotación, por otro lado, cuenta con el sello catalán Welfair, que busca garantizar el bienestar de los animales criados para consumo. «Es alarmante que esta granja tenga sello de bienestar animal, cuando desde el punto de vista administrativo su actividad es ilegal y penalmente podría estar incurriendo en varios delitos. De este modo, el certificado se convierte en una mera herramienta de marketing. Los consumidores son engañados, creyendo apoyar el bienestar cuando en realidad están financiando la explotación y el sufrimiento animal en una granja en situación totalmente irregular», manifiesta Marina Sánchez, presidenta de la asociación mallorquina Satya Animal.

Quejas vecinales

Los vecinos de la zona llevan tiempo denunciando malos olores, aluviones de moscas, e incluso problemas de salud relacionados con la granja, como afecciones respiratorias, migrañas y vómitos; y piden su cierre.

La instalación afecta a más de 9000 vecinos. Una de ellas, Natalia García, explica cómo es vivir a menos de un kilómetro de la granja: «Olores, moscas, dolor de cabeza… Te produce malestar anímico, te limita mucho la convivencia con tus vecinos o con tu familia porque no puedes hacer vida normal en tu casa. En verano estamos encerrados para evitar respirar aire contaminado«.

Otro vecino, Xisco Amaya, se suma a las quejas: «Cuando no hay una atmósfera nauseabunda con amoniaco, está todo lleno de moscas. No hemos podido invitar a ningún amigo a casa».

A finales de 2024, asociaciones vecinales documentaron la existencia de centenares de gallinas en una zanja presuntamente cavada por la granja, lo que incumpliría la normativa en materia de gestión de residuos con riesgos biológicos. «No me quiero ir de aquí, quiero que se termine esta pesadilla», agrega Amaya.

En verano de 2024, la empresa avícola propuso la construcción de la mayor granja de España en Mallorca, con una capacidad de 739000 gallinas. Tanto ayuntamientos como entidades de la sociedad civil mostraron una firme oposición, hasta que en enero de 2025 el Govern balear aprobó el Decreto 1/2025, que prohíbe las explotaciones avícolas de más de 160000 animales en las Islas.

Los huevos procedentes de esta explotación están presentes en distintos supermercados, y pueden identificarse mediante el código sanitario 14.003332/IB.