La organización ARDE ha publicado su última investigación en una granja avícola de Lleida
Cadáveres en estado de descomposición, animales enfermos sin atención, suciedad extrema y hacinamiento. Es la realidad con la que se ha topado la organización en defensa de los animales ARDE, que acaba de sacar a la luz las imágenes de su última investigación en una granja de codornices de Juneda (Lleida). La explotación está certificada con sello de «bienestar animal».
Las imágenes muestran la convivencia de las aves con cadáveres en distintos estados de descomposición junto a sus huevos, animales con necesidad de atención veterinaria sin cubrir, excrementos acumulados, telarañas y un grave riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas asociado. Entre ellas la leptospirosis o la salmonella.
ARDE ha denunciado los hechos ante la Fiscalía de Medioambiente de Cataluña y la Conselleria d’Agricultura por graves irregularidades administrativas y presuntos delitos de estafa, maltrato animal y contra la salud pública.
Esta ha sido la primera vez que una infiltración muestra el interior de la industria de los huevos de codorniz. Las imágenes se obtuvieron a finales de octubre de 2025.
Normativas
La granja cuenta con cinco naves con 130000 codornices en jaulas, y pertenece al principal proveedor de huevos de codorniz de Europa. Sus huevos se venden en algunos de los mayores supermercados de España.
ARDE explica que los hechos documentados podrían ser incompatibles con la normativa europea, en particular con el reglamento 852/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios; y el 853/2004, que establece normas específicas de higiene para los alimentos de origen animal. Esta norma indica que los huevos deben producirse en condiciones higiénicas adecuadas. También se habría contravenido la directiva 98/58/CE, que establece los requisitos mínimos para la protección de los animales en explotaciones ganaderas.
En las imágenes se observan «aves con pérdida de plumaje, compatible con picaje entre congéneres, indicativo de estrés y manejo inadecuado«, tal como explica la perito veterinaria Silvia Gimeno. También se aprecian «aves con signos clínicos compatibles con enfermedad o malestar como entrecerrado de los ojos, actitud apática, embolamiento del plumaje o plumaje erizado», añade. Esto último se asocia «a enfermedad, dolor, estrés térmico o infecciones».
Por ello, la granja también podría vulnerar el Real Decreto 348/2000 y la Ley 32/2007, que establece el marco general de protección y el régimen de responsabilidades en materia de bienestar animal.
En el ámbito regulatorio catalán, la explotación habría vulnerado el Decreto legislativo 2/2008, que regula el bienestar, la higiene, el manejo adecuado y la prevención del sufrimiento.
Con respecto a la gestión de residuos, en las imágenes también se observa a un operario poniendo en funcionamiento la cinta transportadora de estiércol, siendo consciente de la presencia de aves vivas y sin retirarlas previamente.
El informe veterinario que acompaña la denuncia destaca el «riesgo extremo e inmediato derivado del uso de un sistema mecánico de evacuación de residuos en presencia de animales vivos, con posibilidad de atrapamiento, traumatismos graves o muerte».
Welfair
La granja dispone del sello de bienestar animal Welfair, un certificado independiente que busca garantizar el bienestar de los animales destinados a consumo. «Es alarmante que esta granja tenga el sello de bienestar animal, cuando desde el punto de vista administrativo está incurriendo en claras irregularidades. De este modo, el certificado se convierte en una mera herramienta de marketing. Los consumidores son engañados, creyendo apoyar el bienestar cuando en realidad están financiando la explotación y el sufrimiento animal», declara Julia Elizalde, portavoz de ARDE.
Por ello, la entidad animalista pide a las autoridades que se investigue un posible delito de estafa.
Precedentes
Esta no es la primera vez que se desvelan irregularidades en una macrograjna avícola. En mayo de 2025, ARDE sacó a la luz imágenes de la mayor granja de las Islas Baleares. La Conselleria de Agricultura la multó con 200100 euros y redujo su capacidad a un tercio (40000 gallinas) tras la denuncia.
Ahora ARDE exige el cierre inmediato de las instalaciones. «Los hechos observados en esta granja no son un caso aislado. La violencia en la industria ganadera es sistemática, porque se trata a los animales como máquinas en una fábrica, no como los seres sintientes que son. Demandamos al Gobierno y los supermercados acciones urgentes para poner fin a las granjas de los horrores», apunta Elizalde.
Imagen de cabecera: ARDE.









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