Los países con mayor nivel de deforestación no se catalogan como de riesgo alto ni medio

Los países de la Unión Europea importan numerosos productos procedentes de América Latina para cuya obtención se ha generado deforestación, con el Amazonas como símbolo de este grave problema. Entre estos productos se encuentran la carne, principalmente de vacuno; el cuero considerado un «subproducto» de la industria cárnica o el pienso para alimentar a los animales en granjas y las materias primas para fabricarlo.

En 2024, la Unión Europea aprobó su Ley contra la Deforestación importada, que en el marco del Pacto Verde Europeo, prometía poner freno a las importaciones de productos para cuya contribución se deforestan bosques, lo que contribuye especialmente a la crisis climática y a la pérdida de biodiversidad. La prometedora norma, sin embargo, excluye ahora casi en su totalidad a los productos procedentes de Latinoamérica, una concesión más al potente lobby ganadero, que está logrando debilitar avances claves en la lucha contra el calentamiento global.

La Comisión Europea ha publicado la lista de países importadores de productos como el cacao, el café, el aceite de palma, la madera o la carne, que se verán afectados por la nueva legislación. Ningún país de América Latina se menciona en las categorías de riesgo alto o medio establecidas en el listado. Estas categorías determinan el nivel de control de deberá aplicarse sobre los productos importados: un 9% para los países de alto riesgo, un 3% para los de riesgo medio y un 1% para los de riesgo bajo.

De hecho, solo cuatro países se agrupan en la categoría de riesgo alto, en lo que parece más una definición arbitraria y motivada por cuestiones políticas que una decisión basada en criterios científicos y ecológicos. Estos cuatro países son Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Birmania.

Estados como Brasil, Argentina, Colombia o Perú presentan altos niveles de deforestación, sobre todo en zonas críticas como el Amazonas o el Gran Chaco. Sin embargo, la Comisión Europea ha cedido a la presión de los gobiernos y los principales sectores económicos, entre ellos el ganadero con grandes representantes como JBS, que ya lograron retrasar la tramitación de la norma antes de su aprobación.

La organización Global Witness ha declarado que la clasificación no solo «no está a la altura de la ciencia», sino que supone un retroceso, aunque reconoce que el establecimiento de cierto nivel de control es positivo.

La normativa se aplicará gradualmente. Las grandes empresas serán las primeras afectadas, a partir del 30 de diciembre de 2025, mientras que para las pequeñas se establece un margen hasta el 30 de junio de 2026. Todas ellas tendrán que demostrar que sus productos no proceden de zonas deforestadas.

Más concesiones

La Unión Europea suma con esta una concesión más al lobby agrícola-ganadero, que ya ha conseguido frenos importantes en otras normativas medioambientales, como el debilitamiento de la Ley de Restauración de la Naturaleza, la regulación del uso de plaguicidas o la eliminación de ciertos puntos en la estrategia «De la granja a la mesa» como el fomento de la agricultura ecológica.

La última amenaza viene de la mano de la Política Agrícola Común (PAC), que la Comisión Europea propone simplificar a través de un paquete de medidas que «debilitan los estándares ambientales mínimos, reducen el control del uso de fondos públicos y rompen los vínculos entre la PAC y la legislación climática y ambiental», advierten SEO/BirdLife y WWF, que agregan que la propuesta «no resuelve los problemas del campo» y «desprotege a toda la ciudadanía».

Hasta 60 organizaciones han firmado una declaración conjunta en la que alertan de que reducir los requisitos ambientales aumentará la vulnerabilidad del sistema alimentario frente a la escasez de agua en el campo, la erosión de los suelos, la pérdida de polinizadores y el aumento de fenómenos atmosféricos extremos ligados a la crisis climática. Para SEO/BirdLife, la propuesta «no es una simplificación, es un desmantelamiento».

La agricultura se enfrenta a los efectos de la crisis climática, de biodiversidad y de rentabilidad, a los que a su vez ha contribuido el propio sistema alimentario basado en la cría de animales. «Las medidas anunciadas suponen una relajación significativa de los pocos requisitos ambientales obligatorios que aún conserva la PAC», advierten los ecologistas.

Entre los retrocesos propuestos se encuentra la ampliación del margen permitido de conversión de pastos permanentes a otros usos agrícolas, que pasa del 5% al 10%. A su vez, se plantea reducir la obligación de restaurar estos entornos una vez roturados.

Por pastos no solo se entienden los cultivos herbáceos destinados a la ganadería, que como tal también tienen un impacto negativo en el medio ambiente, sino cualquier área donde crezca vegetación de forma natural, esencial para el alimento de los animales salvajes herbívoros y como hábitat de numerosas especies de insectos.

También se elimina la concordancia entre los países miembros sobre la protección de humedales y turberas, y cada uno podrá establecer sus propias normas, lo que podría poner estos entornos naturales al servicio de la ganadería o de la agricultura destinada a este sector, cuya capacidad de degradación está sobradamente demostrada.

Se elimina también el artículo que permitía incorporar nuevas normativas climáticas o ambientales, mientras se potencia el apoyo a sistemas ganaderos o apícolas intensivos sin asegurar criterios mínimos de sostenibilidad.

Además, se pone fin al sistema anual de control de resultados y se reducen las inspecciones, lo que dificulta el seguimiento de la eficacia de los compromisos establecidos.

Para las organizaciones ambientalistas, «la PAC debe ser una herramienta útil», y esto solo se consigue «transformando el sistema para que funcione a largo plazo», con estándares comunes para todos los países miembros y un uso eficiente de los fondos públicos.