La propuesta todavía debe ser aprobada por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea

La Comisión Europea ha propuesto retrasar un año la entrada en vigor de la ley contra la deforestación, que afectaría a la comercialización de productos vinculados con esta en el mercado comunitario. La norma debía hacerse efectiva a partir de 2025, pero la presión de lobbies como el ganadero y de terceros países podría frenar su puesta en marcha. La Comisión ha justificado este retraso en la entrada en vigor de la ley como una facilidad para la adaptación de las empresas.

La ley contra la deforestación fue aprobada por mayoría en 2023. Su retraso tendrá que ser también aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

La norma pretende evitar que los productos consumidos en la Unión Europea estén vinculados con la deforestación, tanto en el espacio comunitario como en terceros países. Por tanto, se verán afectados la soja, el aceite de palma, el cacao, el café, la madera, los productos cárnicos o los piensos con los que se alimentan los animales en granjas. Entre 1990 y 2020, se destruyó una superficie forestal mayor a la de la Unión Europea en todo el mundo, y el consumo europeo es responsable de cerca del 10% de esta deforestación. El año pasado, se perdió una superficie forestal similar al tamaño de Suiza, que liberó aproximadamente la mitad del dióxido de carbono que emitió Estados Unidos por la quema de combustibles fósiles.

Las empresas que importen los productos afectados por la ley tendrán que demostrar que no han generado talas ni degradación de hábitats forestales a través de un sistema de geolocalización.

Países como Brasil, cuyo comercio internacional depende, en gran medida, de productos vinculados con la deforestación de la selva amazónica, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Malasia, Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda se han opuesto de forma contundente a la normativa europea, uno de sus principales mercados.

El Partido Popular Europeo (PPE), familia política de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, también se ha mostrado en desacuerdo con la legislación contra la deforestación, pese a haberla apoyado durante su tramitación. Suecia, Finlandia, Austria, Polonia y Eslovaquia apoyan el retraso de su entrada en vigor, a los que recientemente se ha unido Alemania, que ha cambiado de posición como lo ha hecho con la protección del lobo.

Por contra, las organizaciones ecologistas han hecho un llamamiento al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea para que rechacen el retraso en la aplicación del reglamento «para proteger a las personas, los ecosistemas, el clima y los derechos humanos«. Alianza Cero Deforestación critica que «con esta propuesta, la Comisión Europea otorga más importancia a los intereses de las empresas que a las personas que se verán afectadas por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad».

Los ecologistas acusan a las instituciones europeas de «inacción ante la crisis socioambiental global» y alertan de que el retraso en la aplicación de la ley solo beneficiará a las grandes empresas de la industria de los piensos, madereras, cárnicas, agrocombustibles o celulosa.

Además, alertan de que este retrasos supondrá la destrucción de 2300 kilómetros cuadrados de bosque. «Por cada minuto que se retrase la aplicación de la ley, se arrasaría una superficie forestal del tamaño de un campo de fútbol. Las emisiones resultantes equivaldrían a las de 18 millones de coches«, explican.

Mientras tanto, los bosques brasileños, paraguayos, bolivianos y argentinos se enfrentan a una destrucción sin precedentes a causa de los fuegos intencionados para la producción de pastos o cultivos de soja, maíz, caña de azúcar o algodón, lo que lleva a los ecologistas a tachar de «irresponsable» la propuesta de la Comisión Europea. Estos incendios alejan al mundo del objetivo de limitar el calentamiento global a 1’5 ºC del Acuerdo de París.