Negociación a contrarreloj de la aplicación del reglamento europeo que prohibiría la importación de carne y otros productos que generen deforestación

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Los estados miembros rechazan las enmiendas que pretenden debilitar la medida

En 2025, la carne de vacuno y otros productos o sus derivados que han generado deforestación podrían dejar de comercializarse en la Unión Europea, gracias a la aplicación del reglamento EUDR, aprobado en 2023. Sin embargo, una serie de enmiendas aprobadas en la Eurocámara por el Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de extrema derecha no solo retrasarían la aplicación de la norma, sino que también la debilitarían. Los estados miembros han rechazado estas enmiendas, por lo que tendrán que negociar a contrarreloj con el Parlamento Europeo para lograr que la medida entre en vigor el próximo año.

El reglamento aprobado en 2023 afectaría a productos ganaderos, a la madera, el cacao, la soja, el aceite de palma, el café o el caucho, y debería empezar a aplicarse a partir del próximo 30 de diciembre. En octubre, la presión de los lobbies agrícola-ganaderos y forestales y terceros países logró que la Comisión Europea propusiera un retraso de un año para la entrada en vigor de la norma, excusándose en un «período de adaptación para la industria» que supuestamente no afectaría al objetivo de «minimizar la contribución de la Unión Europea a la deforestación».

Sin embargo, las estimaciones de la propia Comisión Europa señalan que un retraso de doce meses podría contribuir a la destrucción de 2300 kilómetros cuadrados de bosque, una superficie similar a la de Luxemburgo, con sus asociadas emisiones de gases de efecto invernadero.

La medida establece la obligación a las empresas que produzcan o importen a la Unión Europea esos productos a demostrar que no han generado deforestación a través de un sistema de geolocalización.

Por si la propuesta de la Comisión Europea se quedara corta, los populares europeos han logrado aprobar una serie de enmiendas que rebajan las exigencias de la ley, la más preocupante es la creación de una categoría de países «sin riesgo» de deforestación, que podría servir para introducir en el mercado europeo productos que sí la han generado.

Los servicios jurídicos del Consejo de la Unión Europea advirtieron de que las enmiendas estaban poco definidas, carecían de análisis de impacto y podrían infringir las propias normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En base a ello, los estados miembros han rechazado las enmiendas, excepto Italia, que se ha mostrado más abierta a su inclusión. Los populares europeos han cargado duramente contra los estados, sobre todo contra Alemania, Francia y España, a los que tildan de «irresponsables», mientras defienden las enmiendas como una forma de «proteger a las empresas, silvicultores y agricultores de una burocracia no razonable».

Las organizaciones ecologistas han aplaudido la posición de los países miembros y defienden la entrada en vigor del reglamento EUDR tal como se aprobó en 2023, con el apoyo de los propios populares. «Cualquier retraso adicional y debilitamiento llevaría a más destrucción, con consecuencias devastadoras para los bosques, el clima y la biodiversidad«, ha señalado WWF.

Para la organización ambientalista, las enmiendas empeoran la situación de los bosques tanto dentro como fuera de las fronteras europeas, bajo la excusa de apoyar a las empresas. De seguir adelante la norma con las enmiendas, «el EUDR dejaría de ser el único instrumento sólido y eficaz de la Unión Europea para evitar la deforestación mundial y el cambio climático«.

Tras haber apoyado la aprobación del reglamento en 2023, ahora el PPE «traiciona la confianza en la política de la Unión Europea y comienza a desregular la legislación ambiental clave», por lo que WWF considera las enmiendas «inaceptables» y «una burla a los objetivos del EUDR, ya que eliminan elementos críticos, como la trazabilidad de muchos productos, y permiten comercializar otros sin los controles adecuados». Además, las propuestas «también traicionan a todas las empresas que ya han invertido para prepararse para el EUDR y que ahora se enfrentan a cambios profundos y a la pérdida de sus inversores».

Los ambientalistas también consideran que la aprobación de las enmiendas «merma el liderazgo mundial de la Unión Europea en cuestiones ambientales «. La norma es esencial en la lucha contra el cambio climático y la prevención de fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes. El EUDR «es uno de los logros más significativos del Pacto Verde Europeo y su aplicación debe avanzar sin retrasos, enmiendas ni lagunas«, expresan, mientras acusan a los populares de no escuchar «ni a los ciudadanos ni cumplir sus compromisos».

Apoyo ciudadano

El 84% de la ciudadanía europea quiere que se aplique el reglamento, según una encuesta reciente realizada por Savanta. Otro 73% cree que esta cuestión debería ser una prioridad en la Unión Europea. Para un 88%, la lucha contra la deforestación es «importante» o «muy importante», y menos de uno de cada diez considera que los gobiernos estén realizando un trabajo «bueno» o «excelente» en la protección de los bosques.

En la encuesta han participado más de 14000 personas de siete países (Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Polonia, Portugal y España), con al menos 2000 respuestas en cada país.

La mayoría de los encuestados (62%) desea una normativa medioambiental más estricta. El medio ambiente es uno de los tres temas más preocupantes para casi un tercio de los encuestados, sobre todo los mayores de 55 años, aunque los más jóvenes (18-34 años) están más familiarizados con la política de la Unión Europea y el EUDR y son más propensos a pensar que los gobiernos están realizando un buen trabajo en la protección de los bosques. Dos tercios de los encuestados (68%) consideran que la desinformación de los lobbies de la industria amenaza la eficacia de la normativa medioambiental y su aplicación en Europa.

En España, la encuesta revela que un 91% de los participantes tienen la deforestación como tercera preocupación ambiental, detrás de la contaminación y escasez del agua (95%) y la destrucción de los ecosistemas naturales (93%). El 67% apoya legislaciones ambientales más estrictas y una gran mayoría cree que la protección de los bosques es importante para hacer frente a los retos medioambientales, aunque en menor medida para apoyar a las comunidades indígenas.

Un 63% de los españoles encuestados afirma conocer la existencia de un reglamento europeo contra la deforestación, y un 61% cree que los gobiernos realizan un mal trabajo en la protección de los bosques. En cuanto a las motivaciones de las políticas medioambientales, un 59% afirma que se guían por la protección de la naturaleza, pero un 34% cree que prevalecen los grupos de presión de la industria.

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