Dos millones de animales son explotados en una comarca de tan solo 26000 habitantes

La Asociación de Vecinos de As Conchas (Ourense), la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y siete ciudadanos particulares han presentado una demanda pionera ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia contra la Xunta, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y los Concellos de Bande, Muiños, Lobeira, Trasmiras y Os Blancos por vulneración de derechos humanos al haber permitido durante décadas la contaminación del embalse de As Conchas por las macrogranjas.

La denuncia marca un precedente en España, puesto que es la primera vez que un tribunal evaluará el impacto de la actividad ganadera en los recursos hídricos desde la perspectiva de los derechos fundamentales de las personas, que los demandantes consideran que no han sido garantizados por las administraciones. También señalan que se ha infringido la legislación estatal y europea por no haberse tomado medidas para proteger la salud y el bienestar de la población. Algunos habitantes de la zona relatan episodios de vómitos y cefaleas relacionados con la actividad ganadera, así como afirman no poder beber agua de los pozos, y a veces tampoco de la red de abastecimiento, ni abrir las ventas por los malos olores.

Organizaciones como Amigas de la Tierra y ClientEarth han mostrado su apoyo a los vecinos, que llevan 15 años sufriendo los vertidos de purines de las macrogranjas ante la inacción de las autoridades. Amigas de la Tierra ha criticado la falta de control por parte de las administraciones sobre el tratamiento de estos purines, que se han instalado en la zona y lo siguen haciendo con total permisividad de la Xunta.

El nivel de nitratos registrado en el embalse de As Conchas es «extremadamente elevado», según Amigas de la Tierra, que advierte del riesgo de cáncer y otras enfermedades que esto supone, a las que se unen las provocadas por la contaminación del aire derivada de las granjas. Además, señalan la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos en estas aguas, dado que estos fármacos se utilizan en la ganadería para prevenir enfermedades en los animales hacinados en condiciones insalubres.

Ya en 2011, se produjo una explosión de cianobacterias en el embalse y su superficie quedó cubierta por una película verde, sin que las administraciones tomaran parte en el asunto. Tampoco han respondido con medidas contundentes a las continuas peticiones de los vecinos, e incluso en ocasiones no cumplen con el requisito mínimo de alertar a los residentes sobre la toxicidad del embalse.

En 2023, la comarca, de tan solo 26000 habitantes, albergaba a unos dos millones de animales en explotaciones ganaderas. Los entornos alejados de las grandes ciudades y con menor población suelen ser los escogidos por la ganadería intensiva, ya que sus prácticas permanecen invisibles al resto del mundo. Pero los habitantes rurales han alzado la voz para demostrar que también existen y que no son ellos quienes tienen que abandonar sus municipios.

Las organizaciones ecologistas piden que se reduzca la ganadería industrial en la zona y se apueste por otros modelos de producción de alimentos respetuosos con los ecosistemas y potenciadores del poblamiento en el mundo rural, a diferencia de las macrogranjas.