La explotación pretendía albergar a 7000 cerdas reproductoras | Ecologistas critican la falta de rigor de la Junta al autorizar estas instalaciones

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) ha anulado el proyecto de construcción de una macrogranja porcina en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el municipio de Monteagudo de las Vicarias (Soria), tras desestimar un recurso de apelación de la Junta de Castilla y León contra la decisión previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria. Este dejó sin efecto la Declaración de Impacto Ambiental y la autorización ambiental concedida para la explotación después de una demanda presentada por la organización SEO/BirdLife.

Soria, la provincia más despoblada de España, es una de las que más macrogranjas alberga de Castilla y León y lidera en autorizaciones para nuevos proyectos. La presión social ya llevó a una empresa a desistir de la construcción de una explotación de este tipo en el municipio de San Pedro Manrique. La provincia también se planteó como escenario para la mayor granja láctea de Europa.

La granja porcina proyectada en Monteagudo de las Vicarias pretendía albergar a unas 7000 cerdas reproductoras en una zona que forma parte de la Red Natura 2000 y que es hábitat de hasta 26 especies de aves protegidas que se alimentan, campan y se reproducen en el paraje soriano. Entre ellas se encuentran el alimoche, el aguilucho cenizo, el águila pescadora, la ganga ortega o el sisón común.

La sentencia pone de manifiesto las graves carencias en el proceso administrativo seguido por la Junta de Castilla y León y en la evaluación ambiental del proyecto, anula la autorización y obliga a repetir varios trámites antes de que esta pueda darse de nuevo.

Uno de los impactos más graves señalados por el tribunal es el de la modificación del plan de gestión de purines, que pasó de 186 a 879 hectáreas de aplicación sin someterlo a información pública ni contar con los informes preceptivos de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del órgano ambiental. Este cambio afecta directamente a la ZEPA y según la sentencia, debió ser evaluado con mayor rigor debido al alto riesgo de contaminación por nitratos en aguas superficiales y subterráneas.

El dictamen también critica la concesión de una Declaración de Impacto Ambiental favorable para la explotación pese a la falta de análisis sobre los efectos acumulativos con otras explotaciones porcinas de la zona, del mismo promotor. Ahora el TSJCYL pide un estudio exhaustivo que valore el impacto conjunto sobre el territorio y la biodiversidad. El tribunal señala la necesidad de identificar las aguas ya afectadas por la contaminación por nitratos y de designar las zonas vulnerables.

Además, el tribunal señala que la Junta eludió la obligación de una autorización excepcional de uso al ubicarse el proyecto en suelo rústico protegido por su pertenencia a la Red Natura 2000. De igual manera, la sentencia prohíbe el uso de warfarina como raticida en caso de construirse la explotación, dada la toxicidad del veneno para la avifauna, que había sido escogido como principal método de desratización.

La sentencia «evidencia la negligencia de la administración autonómica al autorizar proyectos sin garantizar una evaluación ambiental rigurosa», sostiene David de la Bodega Zugasti, abogado del Área de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife, que también ha presentado alegaciones contra otras macrogranjas en Castilla y León ante la falta de rigor de la Junta respecto a las autorizaciones. La organización permanecerá vigilante para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales si se diera una nueva tramitación del proyecto, que tendría que ser sometido nuevamente a información pública y obtener informes actualizados sobre los impactos ambientales.

El modelo de macrogranjas o cría intensiva de animales es el más rentable para la industria de la explotación animal para consumo, ya que permite albergar al mayor número de animales en el menor espacio posible, en detrimento de sus intereses y necesidades. Además del sufrimiento animal, estas granjas apenas generan empleo y concentran sus beneficios en pocas manos, mientras las poblaciones rurales sufren la contaminación, los malos olores, la pérdida de potabilidad del agua y de biodiversidad. Municipios como Monteagudo de las Vicarías, con poco más de un centenar de habitantes censados, son los escenarios que la industria suele considerar ideales para la instalación de este tipo de explotaciones, pero cada vez se encuentran con más rechazo social.