El Gobierno autonómico no tiene competencias sobre las colonias felinas

Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha determinado que el Gobierno de la Comunidad isleña no tiene competencias para promover medidas sobre los gatos comunitarios que habitan en entornos naturales protegidos. La decisión llega tras la orden de captura y posible sacrificio de estos animales bajo la justificación de «proteger a la fauna» el año pasado. Este hecho motivó a las organizaciones FAADA, FdCATS, Fauda, AnimaNaturalis y PACMA a presentar un recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones autonómicas.

En 2024, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, y posteriormente, el Gobierno autonómico, emitieron varias resoluciones en las que calificaban a los gatos comunitarios de «especie exótica invasora». En ellas, se establecían criterios para su captura, reubicación, confinamiento y sacrificio para los felinos que habitan en espacios protegidos, lo que afectaba a un 43% del territorio canario. Un gato llamado Chinijo fue la primera víctima.

Las resoluciones causaron malestar y preocupación entre asociaciones, gestoras de colonias felinas y ayuntamientos. Ahora la justicia ha respondido: el Gobierno autonómico no puede decidir sobre la gestión, control o eliminación de las colonias felinas, y sus resoluciones al respecto no son vinculantes, sino recomendaciones. El TSJC aclara que la gestión de las colonias felinas es competencia los cabildos insulares.

Irregularidades

Además, las órdenes del Gobierno regional presentaban varias irregularidades. Por una parte, nunca se publicaron en el Boletín Oficial de Canarias. También suponían una contradicción y tergiversación de la ley estatal, de rango superior, que reconoce a los gatos como animales de compañía que, por esta condición, gozan de protección, sin distinción entre los que habitan en las calles o en hogares. Por último, las resoluciones se tomaron sin las evaluaciones científicas y locales necesarias que exige la Directriz Técnica de la Dirección General de Derechos de los Animales.

El procedimiento contencioso-administrativo continúa en marcha a pesar del avance de la determinación del TSJC.