La medida incumple la Ley de Bienestar Animal
El Gobierno de Canarias ha ordenado a cabildos y ayuntamientos el sacrificio de los gatos comunitarios, que justifica como una acción «para proteger a la fauna». La medida ya habría afectado al menos a un gato capturado en La Graciosa el pasado 13 de agosto que fue trasladado a un albergue con una orden de sacrificio y actualmente ya no se encuentra en el centro, por lo que se teme que su destino haya sido el previsto por las autoridades, tal como ha alertado la organización FAADA. Por su parte, el Gobierno canario ha desmentido que haya ordenado matar a los gatos, pero los documentos oficiales emitidos son claros y aluden a la retirada de las colonias y sacrificio de los animales.
La guerra de las autoridades canarias contra los gatos se remonta a tiempo atrás y se hizo especialmente visible durante los debates que tuvieron lugar con motivo de la Ley de Bienestar Animal aprobada en 2023 y que entró en vigor en septiembre del mismo año. En los meses anteriores, el Gobierno de las islas ya autorizó las cacerías de gatos, perros y hurones asilvestrados, orden que tuvo que retirar tras la polémica que se generó.
A principios de octubre, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria catalogó a los gatos comunitarios como «especie exótica invasora» en un informe por el que obliga a los ayuntamientos a retirar las colonias felinas de los espacios protegidos (el 43% de Gran Canaria) y a reubicarlos en zonas urbanas o en recintos cerrados.
Tanto esta medida como la orden de sacrificio son ilegales y contravienen las disposiciones de la Ley de Bienestar Animal. Según FAADA, también tergiversan el contenido del Decreto 630/2023 y la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Además, la declaración de una especie como «exótica invasora» debe ir precedida de un procedimiento administrativo que la avale y cualquier actuación al respecto de las colonias felinas debe basarse en estudios detallados. Hasta ahora, no hay una evidencia científica sólida que corrobore que los gatos son dañinos para la biodiversidad o los espacios naturales, y mucho menos que respalde su catalogación como «especie exótica invasora», que además en este caso contradice la Ley de Bienestar Animal.
Ahora el Gobierno de Canarias ha tomado el testigo de Gran Canaria e insta a cabildos y ayuntamientos a retirar inmediatamente las colonias felinas ubicadas en espacios naturales protegidos, en los espacios de la Red Natura 2000 o que «supongan un impacto negativo para la fauna protegida», frase cuya interpretación puede dar lugar a lo que FAADA ha definido como «una exterminación masiva de gatos comunitarios». El documento ordena confinar a los animales no socializados en «centros de protección animal, residencias o similares» como paso previo a su sacrificio, que se realizará en los mismos centros, en clínicas veterinarias o en núcleos zoológicos.
FAADA define la medida como «una manipulación de la normativa de protección animal, de patrimonio natural y de biodiversidad», que no solo podría acabar con los gatos de la peor forma posible, sino que también imposibilita las labores de aplicación del método CER, la forma más ética de control de las colonias felinas obligatoria según la ley estatal, al impedir el retorno de los animales su la esterilización y el registro de las colonias en espacios protegidos.
La ley nacional protege a los gatos comunitarios y prohíbe su retirada, confinamiento y reubicación salvo en condiciones excepcionales y bajo supervisión veterinaria. Estas acciones van en contra del bienestar de los felinos, extremadamente sensibles a los cambios y que se estresan con facilidad. La reubicación o el confinamiento de los gatos comunitarios también puede dar lugar a la aparición de enfermedades.
El director general de Derechos de los Animales ya ha respondido al Gobierno canario y ha afirmado que «la normativa permite proteger la biodiversidad sin necesidad de sacrificar gatos».
El ecologismo contra los gatos
Parte del movimiento ecologista también se ha posicionado en contra de los gatos comunitarios. El pasado mes de septiembre, varias organizaciones afirmaron su rotundo rechazo a la implantación del método CER en La Graciosa, porque entienden que «atenta contra la conservación de otras especies» en un entorno protegido. Esta fue la respuesta del ecologismo ante la campaña CER impulsada en julio por el Área de Bienestar Animal del Cabildo de Lanzarote, en la que participaron ayuntamientos, una empresa pública, el Colegio de Veterinarios de Canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y varias protectoras de animales.
En este sentido, SEO/BirdLife recordó la muerte de 172 aves entre 2020 y 2024, presuntamente cazadas por gatos, aunque la organización cree que la cifra es mucho mayor. Sin embargo, aunque estos felinos sean depredadores, no está comprobado que todas las aves u otros animales silvestres de los que se alimentan sean cazados por ellos mismos. La evaluación del impacto real de las colonias felinas debe darse por estudios completos de índole local y bajo ningún concepto pueden extrapolarse sus conclusiones a toda una comunidad autónoma.
A SEO/BirdLife acompañan la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad (ACBC), la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), el Grupo de Ornitología e Historia Natural de Canarias (GOHNIC), Abeque y Ecologistas en Acción Lanzarote. Las organizaciones entienden el método CER como un problema y se muestran favorables a la captura de los gatos y su traslado al cautiverio.
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