Expertos ponen una ciudad australiana como ejemplo de One Welfare: un único bienestar para animales humanos y no humanos y su entorno

Un estudio ha analizado la eficacia de un programa de esterilizaciones gratuitas, implantación de microchips y atención veterinaria para los gatos con o sin hogar en una pequeña ciudad de Queensland (Australia), llamada Ipswich, que cuenta con una alta cifra de felinos en las calles.

Según el estudio, la esterilización de los gatos no solo sería una forma de evitar su sacrificio, sino que también sería positiva para la salud mental de los veterinarios y de la comunidad, dividida entre quienes quieren proteger a los gatos y quienes piensan que estos generan molestias como suciedad, insalubridad o depredaciones, problemas todos ellos que pueden solucionarse fácilmente con la implementación de protocolos éticos de gestión de las colonias felinas. La iniciativa supone un ejemplo de One Welfare (un solo bienestar para los animales humanos y no humanos y su entorno).

Los investigadores expresan que tradicionalmente se ha optado por la captura y sacrificio de numerosos gatos sin que esto haya reducido las poblaciones felinas o las quejas relacionadas con estas. Una situación que afecta negativamente a la salud mental del personal de los refugios y de los veterinarios encargados del cuidado de los animales, y cuyo coste económico termina siendo más elevado que el de la gestión ética.

En Ipswich, además, la falta de población complica la búsqueda de adopciones, por lo que los veterinarios locales a menudo sacrifican a gatos o camadas enteras sanas o que requieren de tratamientos sencillos.

El estudio analizó datos de entre 2017 y 2023, período en el que se esterilizó a 308 gatos. En el tercer año, las esterilizaciones se asociaron con un descenso del 60% de las entradas de felinos en los refugios locales, una reducción del 85% de los sacrificios y un 39% menos de llamadas relacionadas con gatos al ayuntamiento. Por tanto, los expertos concluyen que los programas de esterilización selectiva reducen significativamente los ingresos en protectoras y las eutanasias, lo que alivia la carga psicológica para el personal que trabaja con los animales.

Los investigadores instan a impulsar cambios legislativos que apoyen programas de este tipo para reducir las poblaciones de gatos en las calles de pueblos y ciudades.

Los gatos en España

En España, las colonias felinas están protegidas por la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que establece la implementación del método CER (captura, esterilización y retorno) como obligatoria para los ayuntamientos, sin que muchos de ellos hayan mostrado hasta ahora interés por cumplir con la ley o, en los peores casos, interpretándola arbitrariamente para justificar sacrificios.

En octubre, el Gobierno de Canarias ordenaba la captura masiva de gatos comunitarios para su traslado a «centros de protección animal, clínicas veterinarias y núcleos zoológicos» como paso previo a su sacrificio, en contra de la Ley estatal. Varias organizaciones anunciaron poco después que emprenderían acciones legales.

Un gato capturado en La Graciosa llamado Chinijo fue la primera víctima. Después, gestoras de colonias felinas comenzaron a denunciar desapariciones de animales, mientras el Gobierno canario seguía negando haber ordenado el sacrificio de gatos comunitarios.

También en octubre, el Grupo Parlamentario Popular presentó una Proposición no de Ley que pide al Gobierno que dote de financiación a los ayuntamientos para cumplir con las obligaciones establecidas para el control de las colonias felinas en la Ley 7/2023.

Los populares también piden que se establezca un mecanismo de coordinación y apoyo técnico entre el Gobierno y los ayuntamientos para la correcta implementación de los protocolos de gestión de colonias felinas. Además, piden un impulso a la formación especializada para técnicos municipales encargados de ella y para los cuerpos de seguridad locales.

Para los populares, la actual financiación procedente de las subvenciones que el Ministerio de Derechos Sociales destina a los ayuntamientos para el control de las colonias felinas es «insuficiente».

Pese a la existencia de una subvención específica para la gestión ética de las colonias felinas, muchos ayuntamientos no la solicitan y ni siquiera se plantean cumplir con las obligaciones establecidas en la ley. En Balanegra (Almería), PACMA ha reclamado al consistorio la implementación del programa CER, después de que fuentes oficiales indicaran que el proyecto ya estaba en marcha pero no existen registros de colonias, ni de gestores, ni presupuestos para esterilizaciones.

«El Ayuntamiento se puso en contacto con nosotros por vía telefónica para informarnos que no responderían por escrito, alegando que el CER ya estaba en funcionamiento. Sin embargo, al preguntar por las esterilizaciones, nos indicaron que no estaban previstas«, explica el coordinador provincial de PACMA en Almería, Eduardo Milla.

Según PACMA, el Ayuntamiento hasta ahora se ha limitado a instalar algunas casetas y comederos, algunos de los cuales han sido robados, pero no ha creado ningún censo oficial de poblaciones felinas, por lo que no puede conocer la cifra aproximada de gatos. Las gestoras de colonias siguen financiando las esterilizaciones.

«No se puede afirmar que se está implementando el CER cuando no se ha realizado una sola esterilización, no hay censos de colonias ni de individuos, y no se ha destinado ni un solo euro para mejorar el bienestar de los gatos comunitarios. Tampoco hay normativa municipal al respecto, y las cuidadoras no están acreditadas formalmente por el Ayuntamiento. Lo único que se ha exigido es una declaración responsable, que carece de sentido práctica ya que no se especifica las colonias ni el número de animales que se alimentan», indica Milla.