Más del 80% del territorio español está ocupado por cotos de caza. Solo un 0’77% corresponde a parques nacionales, categoría cuyo objetivo es la conservación de estos espacios, permitiendo que puedan darse en ellos los procesos ecológicos naturales y prohibiendo prácticas como la caza y otras actividades humanas. Los parques nacionales gozan, así, de mayor protección que otros entornos, y como es lógico, la caza en ellos no está autorizada.

Pero es que los cazadores ya disponen del 80% del territorio español, en el que dificultan o imposibilitan la realización de otras actividades más respetuosas con la naturaleza, como el simple hecho de dar un paseo un domingo por la mañana. ¿Para qué querrían también cazar en el 0’77% del territorio donde no se les permite? Pues sí, los cazadores también quieren convertir en coto los parques nacionales, algo que si dependieran de algunos gobiernos autonómicos y locales ya habrían conseguido.

De hecho, el año pasado la Junta de Extremadura autorizó la caza en el Parque Nacional de Monfragüe. A los cazadores no les gusta que los procesos ecológicos sigan su curso natural. No les gusta no ser ellos quienes deciden sobre la vida y la muerte de ciervos, jabalíes y sus crías. Lo que sí les gustaría es llevar sus escopetas a esos contados espacios donde la fauna vive libre de disparos y acoso, una fauna que además, suele destacar por su riqueza en los parques nacionales. ¿Cómo desaprovechar la oportunidad de destruirla para después lamentar el desequilibrio entre las especies y posicionarse como únicos capaces de solucionarlo?

Lo peor es que Monfragüe podría ser un precedente para la autorización de la caza en otros parques nacionales. Ya hemos visto en este y en otros casos que a los políticos del PP y de Vox no les importa que haya una normativa, así como al Gobierno de Canarias poco le ha importado la existencia de una Ley de Bienestar Animal que prohíbe la matanza de gatos de colonias. Bajo el discurso de que el Gobierno central es «autoritario» o «dictatorial», se atreven a justificar cualquier incumplimiento de la legalidad vigente, incluso aunque esta venga de Europa, o a interpretarla de forma interesada. Al final, todo es campaña electoral.

En este caso, los electores a los que va dirigida la autorización de la caza en un espacio protegido son los cazadores y los propietarios de fincas que se benefician de la caza. En ningún caso esta medida obedece a la conservación que supuestamente debe garantizarse para los parques naturales.

Según SEO/BirdLife, la tasa de éxito del control poblacional de ciervos y jabalíes ha caído un 14% y un 19%, respectivamente, desde la autorización de la caza en Monfragüe el año pasado. En un primer momento, esta tuvo lugar mediante batidas sin perros. Ahora pretenden ir un paso más allá y permitir la caza con perros. La organización ha alertado de que este no es un método selectivo, ya que los canes pueden dañar a animales protegidos que no son el objetivo de los cazadores, o provocar desplazamientos de fauna hacia otras zonas.

Por supuesto, los métodos selectivos también son cuestionables, siempre que tengan como fin la muerte del animal o les provoquen sufrimiento. Tal vez deberíamos a empezar plantearnos dejar de intervenir en los ecosistemas.