Un vertido y carencias documentales no son suficientes para el decomiso de los animales en una granja de Cádiz

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Una inspección de la Guardia Civil durante la campaña de Navidad descubrió graves irregularidades en la explotación ganadera

Una inspección de la Guardia Civil, en el marco de un operativo de vigilancia y prevención de la peste porcina africana y la gripe aviar durante la campaña de Navidad, detectó graves irregularidades en una granja de Chipiona (Cádiz), incluido un vertido ilegal. Los animales, sin embargo, siguen bajo custodia del responsable de la explotación.

La granja, dedicada a la cría y engorde de animales, contaba con cerdos y aves. Su responsable no aportó documentación alguna que acreditara el origen de estos. Tampoco aportó registros de la explotación, identificación individual o controles sanitarios obligatorios, y los agentes detectaron irregularidades en la gestión de los residuos ganaderos. La granja habría vertido purines sin autorización administrativa.

No se ha informado del estado de los animales, que a pesar de las carencias documentales, han quedado bajo la custodia del responsable de la granja, y este únicamente ha sido informado de su obligación de regularizar la documentación. Tampoco ha trascendido el destino de los productos obtenidos de esta explotación.

La administración competente será la encargada de determinar futuras medidas, tanto sanitarias como administrativas.

Fue un aviso ciudadano el que alertó a las autoridades de una posible falta de autorizaciones administrativas en la explotación ganadera de Chipiona.

Otros casos

No es la primera vez que las inspecciones relacionadas con las enfermedades que afectan a los animales en granjas se saldan con descubrimientos similares. Hace tan solo unos meses, varios trabajadores de una granja de Badajoz fueron sorprendidos mientras alteraban los resultados de las pruebas de saneamiento de la tuberculosis bovina, obligatorias en todas las explotaciones con vacas.

La presencia de enfermedades de este tipo en explotaciones ganaderas pone en riesgo la salud pública, pero también la economía de los ganaderos, lo que en ocasiones les lleva a priorizar este último factor.

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