Entidades animalistas advierten del riesgo de aumento de la cría si las indemnizaciones se conceden por número de animales

Corea del Sur ha anunciado un plan de compensación para los criadores de perros por su carne y otros actores de la industria tras la prohibición de esta actividad el pasado mes de enero, que entrará en vigor en 2027. La medida de compensación ha suscitado las críticas tanto de los activistas por los derechos de los animales como de los propios criadores.

Según el plan, los criadores recibirán indemnizaciones desde los 170 dólares a los 450 si acceden a cerrar sus negocios anticipadamente. Una asociación de criadores ha rechazado la medida, ya que considera que los importes son muy bajos y están muy alejados de los 1500 dólares que pedían por animal. Las compensaciones también incluyen a los vendedores y restaurantes que cierren sus negocios. Además, quienes se dediquen a otras actividades relacionadas con el sector alimentario recibirán una subvención.

El sector de la carne de perro ha protagonizado varias manifestaciones contra la decisión del Gobierno en las que se profirieron duros insultos y críticas contra Kim Keon Hee, primera dama del país, por su impulso a la prohibición de la carne de perro. Los criadores también consideran que la medida vulnera su derecho a elegir su propio trabajo y agravará sus dificultades económicas, por lo que solicitan un prórroga en la entrada en vigor de la ley.

Por su parte, los defensores de los animales señalan que la petición de compensaciones tan elevadas de la industria es excesiva y no están a favor de que se aporten a los criadores por individuo, ya que esto «podría aumentar la cría de perros para obtener más dinero del plan» antes de que la prohibición sea efectiva, según ha explicado Sangkyung Lee, director de campañas de la Humane Society International en Corea del Sur. Por ello, piden que el Gobierno vigile la actividad de las granjas para evitar aumentos en la cifra de cachorros criados.

Según el Ministerio de Agricultura, Corea del Sur cría actualmente unos 466000 perros por su carne. La intención del Gobierno es convencer a los criadores para que abandonen su actividad antes de la prohibición en 2027. A partir de entonces, el plan pretende dar en adopción a los perros que no hayan sido sacrificados o trasladarlos a centros de acogida.