La ley permite que las inspecciones corran a cargo de inspectores privados, en lugar de funcionarios públicos independientes

Los mataderos brasileños pueden contratar inspectores privados, gracias a la aplicación de Ley de Autocontrol en estos centros, en lugar de funcionarios públicos encargados de esta labor de vigilancia. Igualdad Animal advierte de que la medida pone en riesgo a los animales y la seguridad alimentaria del país, y ha entregado más de 69000 firmas al Ministerio de Agricultura contra esta norma. Por su parte, la diputada Duda Salabert ha presentado un proyecto de ley para derogar la norma. La congresista defiende que esta función debe seguir siendo competencia exclusiva del Estado.

Igualad Animal pide que la supervisión de los mataderos corra a cargo de funcionarios públicos con independencia funcional y autoridad policial, en lugar de transferir esta tarea a veterinarios contratados por los propios mataderos, procedentes de empresas privadas previamente acreditadas.

«Esta ley compromete el deber del Estado de proteger a la población y a los animales. Estamos hablando de un sector que históricamente presenta violaciones sanitarias y de bienestar animal. No hay justificación para externalizar las inspecciones a empresas con intereses comerciales directos en el proceso», defiende la diputada Duda Salabert, cuyo proyecto de ley busca «restablecer la lógica de la inspección pública, transparente e imparcial, tal y como exige la Constitución».

Para Igualdad Animal, este cambio institucionaliza un conflicto de intereses. «La Ley de Autocontrol forma parte de un proyecto más amplio para trasladar las responsabilidades del Estado a los individuos, debilitando todas las estructuras públicas que protegen a las personas y a los animales. La inspección sanitaria en los mataderos debe seguir siendo responsabilidad del Estado y no estar sujeta a los intereses económicos de la agroindustria«, manifiesta Carla Lettieri, directora ejecutiva de Igualdad Animal en Brasil.

Además, la organización recuerda que la norma viola el artículo cinco de la Ley 14.515/2022, que prohíbe explícitamente la delegación de poderes policiales al sector privado. También allana el camino para un aumento de la crueldad animal, «más carne contaminada en las mesas de los consumidores y un riesgo real de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos», apuntan.

El abogado especializado en Derecho Animal y Derecho del Consuidor, Yuri Fernandes Lima, sostiene que «la Ley de Autocontrol viola el artículo 170 de la Constitución Federal, que establece que el orden económico debe respetar la protección del consumidor y la preservación del medio ambiente, lo cual solo puede garantizarse mediante una inspección imparcial y externa de los mataderos». La Constitución Federal también prohíbe el maltrato animal en su artículo 225, así como la Ley de Delitos Ambientales en su artículo 32.

Igualdad Animal ha denunciado la falta de inspecciones oficiales en los mataderos brasileños desde 2022, y ha sacado a la luz imágenes de trabajadores golpeando animales, infraestructuras deficientes, graves fallos en el proceso de aturdimiento por los que muchos individuos siguen plenamente conscientes en el momento del sacrificio e incumplimientos en las normas de higiene y sanidad.

Brasil es un país con una fuerte presión de la industria ganadera, que lleva décadas deforestando sus bosques y atacando a las poblaciones indígenas.