Madres encerradas entre barrotes sin poder darse la vuelta, lechones muertos por los pasillos, presencia de ratones o animales hacinados a los que se corta el rabo no son casos aislados

La ONG Greenpeace ha publicado los resultados de una investigación en la que ha visitado un gran complejo de macrogranjas en Granada para conocer de primera mano cuál es el impacto de la ganadería industrial en nuestro país. A raíz de estas visitas, la organización ha concluido que en todas las instalaciones de este tipo hay una «deficiente (o como mínimo dudosa) gestión de los purines que a menudo provocan episodios de contaminación de aguas; los malos olores y los ruidos de los berridos de los animales que dan una idea de las condiciones en las que se encuentran en el interior o las altas emisiones de gases de efecto invernadero y amoniaco«, según informa en su página web.

Más concretamente, Greenpeace apunta a la macrogranja de Castilléjar (Granada), perteneciente a Cefusa, empresa del Grupo Fuertes y principal suministradora de El Pozo, como «la explotación porcina más contaminante de España por metano y amoniaco». En sus instalaciones, las cerdas son explotadas para tener lechones constantemente (651000 cada año en total producidos en dicha granja), que serán convertidos en carne llegado el momento. Estos animales, en su corta vida, viven hacinados, desatendidos y rodeados de suciedad, condiciones que, por supuesto, no se muestran en las campañas publicitarias de El Pozo, según los datos de la organización, que ha difundido las imágenes del estado en que se encuentran los cerdos en su web.

Granjas porcinas

La investigación de Greenpeace no se corresponde con un caso aislado, sino que es la realidad en las granjas porcinas, donde los animales pasan su vida sin ver la luz del sol, a excepción de la duración del trayecto de la granja al matadero dentro de un camión. Las madres, además, pasan cinco semanas encerradas entre barrotes y tumbadas desde los siete días antes del parto hasta el momento del destete, sin poder ni siquiera darse la vuelta. Tras el destete, a los pocos días vuelven a ser nuevamente inseminadas para repetir lo anterior. A los lechones también se les corta el rabo para evitar que se lo muerdan a causa del estrés, puesto que viven hacinados, con dificultad de acceso a la comida, condiciones por las cuales muchos de ellos mueren. Pero todo esto no incumple ninguna normativa, ya que forma parte de la legalidad.

Mientras tanto, además de los falsos anuncios de El Pozo, la empresa presume de cumplir toda la normativa de bienestar animal, incluso por encima de lo que marcan las leyes comunitarias, algo que a la vista está que dista mucho de la realidad. La empresa presume también de generar puestos de trabajo, una justificación a la que recurre a menudo la industria cárnica para que sus prácticas parezcan «menos malas». Sin embargo, según la información que aporta Greenpeace, la instalación de macrogranjas no sirve para asentar población en zonas de la España vaciada. Más bien es todo lo contrario, y es que los malos olores y la contaminación invitan a marcharse más que a quedarse.

Por otro lado, Greenpeace indica, además, que tanto las inspecciones como las sanciones por incumplimiento de la normativa de bienestar animal son mínimas en estas grandes instalaciones, ya que las leyes realmente permiten que los animales vivan en condiciones pésimas. Cuando se dan estas sanciones, las granjas porcinas suelen ser las más afectadas.

Greenpeace señala el auge de las macrogranjas en España, que se han expandido por todo el territorio en los últimos años, y especialmente, por zonas con poca población. Por ello, la ONG está llevando a cabo una campaña de recogida de firmas contra estos centros y contra la ganadería industrial, aunque otros tipos de granjas no son necesariamente mejores, ni para los animales ni para el medio ambiente, y en todas ellas hay maltrato animal injustificado e innecesario.