Continúan las protestas contra el decreto que dificulta la dispensación de medicamentos en clínicas veterinarias

El colectivo veterinario se manifestará el próximo miércoles, 5 de marzo, frente al Ministerio de Agricultura, del que dependen. A la convocatoria se han sumado asociaciones, sindicatos y patronal, que exigen una regulación justa sobre el uso de medicamentos en clínicas veterinarias en la que prime la salud del animal. La protesta, que comenzará a partir de las 10:00 horas, sigue a otras que han tenido lugar en las semanas previas por la misma cuestión.

La entrada en vigor de la nueva normativa sobre la prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios ya se ha cobrado la vida de una perra en Galicia para la que se exigía un cultivo antes de dispensarle el tratamiento que podía curarla. También se ha impuesto en Baleares una multa a un veterinario, de 90000 euros, aunque Sanidad ha negado que la sanción tenga relación con el nuevo decreto, en contra del relato del sector.

Los veterinarios alertan de que el decreto afecta negativamente a la calidad de la atención a los animales y la obstaculiza, empeora el control sanitario y pone en riesgo la salud y el bienestar animal, limitando a los profesionales la capacidad de garantizar que sus pacientes dispongan de los tratamientos adecuados.

La normativa afectaba, en un principio, únicamente a los animales considerados de granja, en los que durante mucho tiempo se han administrado antibióticos y otros medicamentos sistemáticamente para el control de infecciones dadas las condiciones de insalubridad y hacinamiento de las explotaciones ganaderas. Esto influye de forma directa en la resistencia antimicrobiana al consumir la carne de esos animales. Sin embargo, la aplicación de la norma en perros, gatos u otros animales con los que convivimos carece de sentido, según los propios profesionales, puesto que no son criados ni mantenidos para el consumo de su carne.

Además, los veterinarios se ven ahora limitados a la hora de dispensar la cantidad total de un medicamento que puede necesitar un animal para seguir un tratamiento en el hogar, siendo los únicos profesionales cualificados para hacerlo. Sus tutores están obligados a adquirirlo en farmacias veterinarias que venden el envase entero y no la cantidad concreta que necesita el paciente, lo que contradice el propio objetivo del decreto. En ocasiones, no hay farmacias veterinarias en todas las ciudades o pueden no disponer del medicamento y terminar dispensando sustitutos inadecuados. Por ello, los profesionales piden que las propias clínicas puedan dar los tratamientos, como se hace en otros países europeos. Paradójicamente, el decreto es la adecuación a una norma europea, si bien su interpretación no se ha realizado de forma idónea y únicamente ha tenido en cuenta el criterio de la administración y no del sector.

Otra queja del sector es la imposición de un sistema único de prescripción que no tiene en cuenta las necesidades específicas de cada animal o especie e impide a los profesionales ofrecer tratamientos personalizados que repercutan en la recuperación del animal. En algunos casos, esto puede suponer muertes evitables.

Los veterinarios se reafirman en su compromiso con la resistencia a los antibióticos, pero recuerdan que el sistema Presvet les impone una carga burocrática excesiva que no aporta soluciones reales a este problema.

En consecuencia, los veterinarios exigen la derogación del Real Decreto 666/2023 por el que se les han impuesto las nuevas restricciones, una medida sobre la que llevan alertando desde que entró en vigor con una «falta de respuesta de la administración». También aprovecharán para pedir la reducción del IVA veterinario que da lugar a que la atención a los animales sea un lujo para muchas personas, en un momento en que el precio de los servicios veterinarios no deja de aumentar, con una subida del 3’2% en enero. Además, reivindican que se les trate como sanitarios, consideración que hasta ahora no se les ha dado de la administración. Prueba de ello es su dependencia del Ministerio de Agricultura y no del de Sanidad.