Si el estado de conservación de la especie es desfavorable, aunque no esté estrictamente protegida, su matanza es ilegal

WWF llevará a los tribunales a las comunidades autónomas que autoricen la caza de lobos o establezcan cupos y planes de captura de individuos. La organización recuerda que matar lobos es ilegal mientras la especie se encuentre en un estado de conservación desfavorable en el conjunto del país, pese a que en una zona concreta este pueda ser favorable, de acuerdo con la jurisprudencia nacional y europea. Así se lo ha hecho saber la organización a las comunidades con poblaciones de lobos al norte del Duero a través de una carta.

«Que una especie no esté estrictamente protegida no elude la obligación de mantener sus poblaciones en un estado de conservación favorable, algo que no sucede en España«, señalan desde WWF. Así lo han determinado en numerosas ocasiones distintos tribunales, la última vez en julio de 2024, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló el plan de Castilla y León para la caza de 339 lobos entre 2019 y 2022 al norte del Duero. La sentencia indica que «el lobo no puede ser declarado como especie cazable en el ámbito regional cuando su estado de conservación a nivel nacional es desfavorable», como así indica el último informe remitido por España a la Unión Europea en 2019, que deberá ser actualizado este 2025.

Comunidades como Galicia, Castilla y León, Asturias o Cantabria ya han anunciado que aprobarán planes para acabar con hasta el 20% de sus poblaciones de lobos ibéricos, aunque algunas no buscan catalogar la especie como cinegética. Los gobiernos autonómicos alegan un supuesto sobrecrecimiento de las manadas, si bien las poblaciones solo registran un aumento del 1% anual en las dos regiones con más individuos, Galicia y Castilla y León, e incluso aunque en una zona su estado de conservación fuera favorable, su caza sería ilegal.

WWF señala que «para llevar a la población ibérica del lobo a un estado de conservación favorable, las administraciones regionales deben asegurar tanto la expansión a otros territorios, como el crecimiento en su propio ámbito geográfico: algo absolutamente incompatible con la persecución sistemática e indiscriminada de la especie que pretenden retomar algunas comunidades autónomas».

La entidad, además, ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que recurra los planes autonómicos de gestión del lobo que no se ajuste a la normativa europea, que estudie la posibilidad de inconstitucionalidad de las enmiendas que han sacado a los lobos del norte del Duero del LESPRE y que inicie de oficio el procedimiento para volver a incluirlos en este listado.

La organización recuerda que matar lobos no solo atenta contra la recuperación de la especie, sino que es una estrategia ineficaz para reducir los ataques a la ganadería, como quedó demostrado cuando su caza era legal. En un informe reciente, WWF ha suspendido a todas las comunidades autónomas con presencia de lobos en cuanto a su apoyo a medidas de prevención de daños en granjas extensivas o sistemas de compensación justos y eficaces en caso de ataques. Los fondos estatales hasta ahora destinados a estas compensaciones dejarán de existir con la salida del lobo del LESPRE, lo que podría jugar en contra de los propios ganaderos que defienden la medida.

Esta y otras entidades ecologistas y animalistas han criticado la salida del lobo del LESPRE y el procedimiento antidemocrático por el que esta ha tenido lugar, a través de una maniobra parlamentaria dentro de una ley ajena a la cuestión, la del desperdicio alimentario, que sienta un peligroso precedente contra la biodiversidad; contra la ciencia y sin dar lugar a la participación ciudadana que en 2021 fue esencial para la protección de la especie.