El bienestar animal pasa a ser «una cuestión voluntaria» y los ganaderos estarán menos vigilados

El Ministerio de Agricultura ha vuelto a ceder ante las presiones del lobby ganadero y ha eliminado la figura del veterinario de explotación. Con esta medida, recogida en los reales decretos 344/2025 y 346/2025, las explotaciones ganaderas ya no estarán obligadas a contar con un profesional veterinario, lo que podría comprometer aún más el bienestar animal en las granjas, así como la bioseguridad.

El veterinario de explotación era la persona encargada de elaborar un Plan de Bienestar Animal para las granjas, que con esta medida también pasa a ser opcional, bajo la excusa de reducir la burocracia. Mientras tanto, esta aumenta para los veterinarios en clínicas, que tratan a los animales por su valor como individuos sintientes y no como «ganado» del que sacar el mayor rendimiento en las explotaciones.

Le eliminación de esta figura era una demanda histórica del sector ganadero, ante el que ha cedido el Gobierno. La organización Igualdad Animal lamenta este hecho y señala que la reforma «prioriza la simplificación administrativa sobre la vida y el bienestar de millones de animales», señala la gerente de iniciativa legislativa de la organización, Anna Mulá. «En un contexto en el que la ciudadanía demanda cada vez más transparencia, responsabilidad y respeto hacia los animales, el Gobierno ha decidido mirar hacia otro lado. Y lo ha hecho justo cuando los casos de maltrato en granjas y mataderos están siendo más visibles gracias al trabajo de investigación y denuncia de organizaciones como Igualdad Animal», agrega.

Los ganaderos serán quienes decidan si cuentan con un veterinario de explotación, encargado de supervisar el estado sanitario de los animales, la bioseguridad y el cumplimiento de la normativa. El Plan de Bienestar Animal, hasta ahora también obligatorio, únicamente lo será si una visita zoosanitaria lo determina. «Esto reduce significativamente la exigencia de prevenir el sufrimiento animal de manera sistemática y estructurada», alertan desde Igualdad Animal.

La organización explica que la reforma abre la puerta a «una menor vigilancia, más irregularidades y mayor sufrimiento animal en las granjas. En lugar de avanzar hacia un sistema alimentario más ético y responsable, retrocedemos hacia una ganadería menos controlada y más opaca».

Para Igualdad Animal, la medida es «inaceptable», puesto que reduce «el bienestar animal a una cuestión voluntaria» y esto implica «abdicar de una responsabilidad ética y política». La organización pide la restauración de la normativa anterior y la apertura de un proceso de diálogo real con expertos independientes en bienestar animal y organizaciones sin intereses ganaderos. También espera «un seguimiento riguroso y público del impacto de estas medidas en la salud de los animales y la seguridad alimentaria». Por último, recuerda que «los animales no pueden ser las víctimas invisibles de los intereses económicos«.