El real decreto que regulará este problema no contempla actuaciones en todo el territorio nacional

Aplicar medidas de corrección obligatorias en todos los tendidos eléctricos y aerogeneradores del territorio nacional para proteger a las aves. Es la petición de la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, que ha presentado alegaciones en el período de información pública del nuevo real decreto que regulará este problema. La plataforma reconoce el avance de la futura legislación para la protección de la avifauna y los murciélagos y la reducción de la mortalidad por electrocuciones, barotrauma o colisiones con estas instalaciones.

En la actualidad, esta obligación se centra en unas Zonas de Protección, entre las que se encuentran las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000 y que abarcan áreas de interés para numerosas especies amenazadas. Sin embargo, «las aves se mueven por todo el territorio», recuerdan desde SOS Tendidos Eléctricos, y quedan fuera de la obligación un gran número de infraestructuras que representan un grave peligro para las aves.

El real decreto abarcaría también instalaciones situadas fuera de las Zonas de Protección, pero únicamente cuando se hayan registrado casos previos de electrocuciones o colisiones, una medida «totalmente insuficiente para garantizar que se vayan a corregir los tendidos peligrosos para las aves en todo el territorio», señala el colectivo. «En cualquier caso, debería no limitarse a eventos constatados e incluir también situaciones de riesgo inminente«.

SOS Tendidos Eléctricos pide que se incluyan también en la normativa las líneas eléctricas que suministran energía a trenes u otros medios de transporte, excluidas del nuevo real decreto a pesar de que se ha constatado una amplia mortalidad de aves en estas instalaciones.

La plataforma, por otro lado, considera que el establecimiento de Zonas de Protección entra en contradicción con la Ley de Responsabilidad Ambiental, norma de rango superior al real decreto, que obliga a los operadores a adoptar medidas preventivas ante una amenaza inminente, sin necesidad de advertencia. Ya en 2021, una sentencia del Tribunal Supremo indicó que el riesgo de electrocución de aves es siempre inmediato, independientemente del lugar donde se encuentre la instalación.

La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, de la que forman parte algunas de las principales organizaciones para la protección de la naturaleza y las aves, recalca que la nueva normativa debe añadir algunas mejoras porque las muertes de animales «no son accidentales, sino sucesos previsibles y esperables que ocurren cuando la instalación es peligrosa para la avifauna y no dispone de las apropiadas soluciones técnicas que garanticen su total inocuidad».

Otra de las alegaciones presentadas por la plataforma alude a la creación de plazos para corregir al menos las líneas más letales o de alto riesgo para especies amenazadas, con el fin de evitar que las correcciones se retrasen demasiado en el tiempo. También piden una actualización ágil de los artículos y anexos que describan estas medidas, preferiblemente mediante órdenes ministeriales que garanticen las mejores soluciones técnicas sin esperar a una nueva modificación del real decreto.

SOS Tendidos Eléctricos recuerda que existen avances tecnológicos en cuanto a medidas correctoras y preventivas que pueden implementarse. Para la construcción de nuevas infraestructuras, reclaman criterios de diseño seguros para las aves.

En cuanto a los aerogeneradores, el real decreto contempla medidas como paradas en situaciones de riesgo para animales o el desmontaje de los molinos. Desde la plataforma agregan la necesidad de mejorar los sistemas de detección y parada, que hasta ahora han resultado ineficaces, sobre todo en pequeñas aves y murciélagos, cuyas muertes se están multiplicando por la instalación masiva de parques eólicos. En línea con este hecho, el grupo de organizaciones conservacionistas pide que se evite la instalación de aerogeneradores en zonas de alta sensibilidad ambiental, así como la elaboración de mapas que garanticen que la ubicación de nuevos proyectos no ponga en riesgo a poblaciones vulnerables de aves y murciélagos.

La plataforma reclama la aprobación del real decreto sin más demora y con los cambios propuestos por las entidades que han presentado alegaciones. También pide que se equiparen los criterios de interpretación y aplicación para todas las comunidades autónomas para una aplicación eficaz de la norma.

Por otro lado, las entidades coinciden en que deben ser los titulares de las instalaciones los responsables del mantenimiento y del seguimiento de las medidas preventivas, con la creación añadida de un comité técnico de seguimiento con representación de las administraciones, las empresas, las organizaciones científicas y la sociedad civil, y la elaboración de informes periódicos públicos sobre la aplicación de la normativa por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). El informe deberá incluir datos sobre las correcciones realizadas, la mortalidad registrada y su evolución y las zonas de riesgo.