En enero de 2025, entró en vigor el Real Decreto 666/2023 en las clínicas veterinarias. Esta normativa, que regula la dispensación y prescripción de medicamentos para animales y que es la adaptación de una legislación europea en España, busca hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos, un peligro muy serio para la salud pública en todo el mundo.

El decreto ya estaba vigente en el ámbito ganadero, donde tiene sentido su aplicación porque el uso abusivo de medicamentos en las granjas como método preventivo de enfermedades que, dadas las circunstancias en las que se mantiene a los animales son comunes en las explotaciones, está dando lugar a bacterias resistentes a los fármacos que se utilizan para el tratamiento de infecciones en seres humanos.

Pero este problema no se da en el ámbito doméstico: las personas no administran antibióticos a los animales no humanos miembros de sus familias porque sí. Y aunque puedan darse casos puntuales en los que haya quienes opten por medicar a sus animales sin consultar con un veterinario, el Real Decreto no resuelve este problema, ya que obligaba a los tutores de animales a adquirir en farmacias envases completos de fármacos, mientras retiraba a los veterinarios la posibilidad de dispensarlos fraccionados, es decir, las dosis de tratamiento justas que tuviera que seguir el animal. No tenía ningún sentido obligar a comprar el envase completo que iba a generar un sobrante que o bien se iba a tirar a la basura, o bien podría ser utilizado de forma irresponsable o incorrecta.

Esto ha sido así durante seis meses, hasta que la presión del colectivo veterinario, de las organizaciones en defensa de los animales y de los tutores y tutoras de animales ha logrado que el Gobierno modifique este punto del Real Decreto. Ahora los profesionales veterinarios pueden volver a dispensar los medicamentos fraccionados, como, por cierto, sucede en otros países de nuestro entorno (este punto de la normativa no era una adaptación a la ley europea, por mucho que así lo hayan justificado durante meses los políticos).

Qué opina el sector farmacéutico

Pero no todos los colectivos se muestran contentos con esta vuelta a la lógica. El sector farmacéutico quería tener el monopolio de la dispensación de medicamentos veterinarios, y ha sido prácticamente el único favorable al Real Decreto desde que entró en vigor. De hecho, algunas farmacias han comenzado a vender antiparasitarios u otros productos veterinarios que antes no comercializaban a partir de la entrada en vigor del decreto.

Su argumento no es desacertado: los profesionales farmacéuticos son los mejores capacitados para la dispensación de medicamentos, mientras que el sanitario es el profesional habilitado para la prescripción. Eso es cierto, pero para lo que no está capacitado este sector en la actualidad es para la dispensación de medicamentos veterinarios. Por no mencionar que en España los veterinarios ni siquiera se consideran sanitarios, aunque lo sean, puesto que dependen del Ministerio de Agricultura y no del de Sanidad. Esto tiene mucho que ver con la explotación animal en la que la veterinaria es reducida a su aplicación ganadera y percibida como la ciencia que estudia cómo sacar el máximo provecho de los animales, en lugar de cómo cuidarlos atendiendo a sus necesidades e intereses.

Pero volviendo a las farmacias y la dispensación de medicamentos, sería inconcebible que las clínicas veterinarias no dispusieran de fármacos o no pudieran utilizarlos en función de esas necesidades e intereses de los animales. ¿Plantearíamos algo así en los hospitales o centros de salud? El Real Decreto no solo limitaba la dispensación, sino que también establecía una jerarquía de fármacos a los que se debía recurrir según la situación. El problema es que esa jerarquía o no ha sido establecida por veterinarios, o no ha sido enfocada desde las necesidades e intereses de los animales (ni desde la ciencia).

Por otra parte, hay casos en los que algunos animales requieren un tratamiento que se utiliza en seres humanos y es fácilmente accesible en farmacias, pero estas suelen carecer de medicamentos veterinarios, a menos que sean farmacias específicamente veterinarias, que por cierto, no existen en todas las ciudades y mucho menos en los pueblos. En el mundo rural, como mucho podemos encontrar comercios de piensos y otros productos ganaderos que ofertan ciertos fármacos comunes, como antiparasitarios, pero cuya dispensación suele limitarse a miembros de cooperativas o asociaciones agroganaderas. Porque por desgracia, las administraciones todavía piensan que los animales en los pueblos son productos o sirvientes, no familia.

La mayoría de los pueblos tampoco cuentan con clínicas veterinarias, porque los veterinarios rurales se dedican, casi siempre, a la ganadería, o bien son funcionarios que trabajan para el área de agricultura de las comunidades autónomas y su labor se limita a inspecciones o tareas administrativas en horario de mañana.

Así, las personas del mundo rural con animales de familia con necesidad de un tratamiento no disponen de los medicamentos prescritos en sus farmacias (o al menos no al instante), ni tienen clínicas en su término municipal a las que acudir en casos de urgencias, ni ningún tipo de establecimiento que pueda facilitarles los fármacos. Sus opciones se limitarían a acudir a la farmacia veterinaria más cercana, que a veces puede estar a 200 kilómetros de distancia o más. Ideal para emergencias, sobre todo porque previamente hay que pasar por la clínica para la prescripción.

A veces, nos sorprenden retrocesos como el Real Decreto 666/2023 aplicado a las clínicas veterinarias, pero también hay avances, aunque es la sociedad la que va por delante. Los animales no son cosas. El día que exista un sistema en el que la veterinaria se conciba como un servicio público y no un lujo por el que tenemos que pagar un 21% de IVA, cuando entendamos que el sistema sanitario debe abordar la salud humana, animal y ambiental como una sola, tal vez podamos lograr una red de farmacias (incluidas las rurales) que dispensen a la perfección tratamientos para los animales de familia. Ese día no ha llegado. Hasta ahora las farmacias han aprovechado el decreto para lucrarse con la venta de ciertos productos veterinarios, muy limitados, eso sí, porque si no son de uso habitual no les interesan económicamente. Es comprensible que cada sector vele por su beneficio, pero nunca está de más mantener un poco de capacidad de empatía.