La modificación elimina la acusación popular en los delitos de maltrato animal

El Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada el pasado 29 de octubre en el Consejo de Ministros no preserva la acción popular en delitos contra los animales. Así lo ha advertido la entidad de operadores jurídicos INTERCIDS, que ha pedido este garante desde 2021 y tilda la reforma de «muy preocupante y una grave amenaza para la defensa jurídica de los animales».

La reforma introduce cambios sustanciales en el sistema de investigación penal y limita de manera significativa la figura de la acusación popular, una herramienta clave para la defensa de los animales y la lucha contra la impunidad en los delitos cometidos contra estos.

El Proyecto de Ley restringe el ejercicio de la acusación popular a un listado cerrado de delitos considerados «contra los intereses colectivos», entre ellos los urbanísticos, los medioambientales o los que se cometen contra el patrimonio histórico, pero no menciona a los animales, pese a que estos comparten el mismo ámbito competencial dentro de la Fiscalía de Medio Ambiente.

La exclusión, sin embargo, podría traducirse en una reducción drástica de los procedimientos penales por maltrato animal, lo que minaría el trabajo de las entidades que permiten que estos casos lleguen a los tribunales.

Ya en 2021, INTERCIDS presentó un amplio y detallado documento con diversas propuestas de enmiendas para adaptar el texto de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal a la actual configuración de los delitos contra los animales en el Código Penal. Estas propuestas garantizaban la posibilidad de que la acusación popular, representada por la sociedad civil organizada, continuara participando activamente en la persecución penal de estos delitos.

Este 2025, la entidad de operadores jurídicos volvió a insistir al Gobierno de España sobre el problema planteado por el Anteproyecto de Ley, y reiteró sus propuestas para corregir el articulado de diversos puntos para garantizar la inclusión de los delitos contra los animales entre los susceptibles de acción popular. También puso de manifiesto otros puntos del proyecto que suponen una limitación a las facultades de la acción popular en el procedimiento judicial penal.

INTERCIDS alerta de que «esta reforma puede poner en riesgo el avance conseguido en la judicialización de los delitos contra los animales, ya que buena parte de los procedimientos actuales se inician precisamente gracias a la personación de entidades de protección animal sin ánimo de lucro«.

La organización lamenta que el Consejo de Ministros haya hecho caso omiso a este problema a las propuestas para enmendarlo, y ha anunciado que trasladará de nuevo a los grupos parlamentarios las enmiendas ya presentadas anteriormente, con el fin de preservar las garantías procesales en la fase de instrucción y asegurar que los delitos contra los animales no queden fuera del amparo judicial ni del control ciudadano.

La imagen de cabecera muestra al caballo Sorky, que murió apaleado por su responsable tras perder una carrera en Mallorca. La acusación popular de la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales (ABADA) logró una condena histórica. Foto: ABADA.