El animal se encontraba en estado de extrema debilidad y caquexia

Los Agents Rural devolvieron a una perra con signos de maltrato a su titular el pasado septiembre en el municipio de La Sentiu de Sió (Lleida). El animal murió dos días después. La organización FAADA ha anunciado acciones legales contra los responsables del maltrato y abandono y contra las administraciones por su negligencia.

La perra se encontraba en un estado de extrema debilidad y caquexia, con heridas en las orejas, en el morro o en las extremidades. Las personas que la encontraron dieron aviso al Ayuntamiento y a los Agents Rurals. Estos acudieron al lugar y comprobaron que la perra contaba con microchip. Después, contactaron con su titular, que alegó haberla entregado a un tercero y no tener conocimiento de su estado actual.

Ante un posible delito de maltrato animal, «la obligación de los agentes, como autoridad competente, es abrir diligencias de investigación, asegurar las pruebas, y sobre todo, poner a salvo al animal. Como agentes de la autoridad, su deber legal es además la persecución de delitos e infracciones y la protección de las víctimas, en este caso, la perra», señalan desde FAADA.

Responsabilidad de la administración

Sin embargo, la persona titular se presentó en el lugar y los Agents Rural le devolvieron a la perra. Esta «debería haber quedado bajo custodia de la administración para garantizar su protección y recibir atención veterinaria independiente», agregan. Además, el refugio Amics dels Animals de la Noguera se había ofrecido a acoger y asistir al animal.

FAADA pone en entredicho la acción de las autoridades y se pregunta: «¿Cómo acreditó la titular que realmente había cedido el perro a un tercero? ¿Existe un documento firmado que recoja la identificación del animal? Sin este requisito, cualquier transacción es nula y se considera que la titular sigue siendo la responsable. ¿Comprobaron los agentes si existía una denuncia por pérdida o sustracción presentada en el plazo de 48 horas? En ausencia de tal denuncia, el animal debería haberse considerado oficialmente abandonado. ¿Durante cuánto tiempo permaneció el animal en la vía pública antes de ser entregado? ¿Se retrasó la intervención para evitar asumir costes veterinarios o de acogida?»

FAADA recuerda que este no es un caso puntual, sino que las organizaciones de protección animal se enfrentan continuamente a la «desidia, inacción y minimización de los delitos cuando las víctimas son animales».

Doce días en la carretera

La misma organización denunció en octubre la permanencia de un perro muerto durante más de doce días junto a una carretera de Lleida, sin que ninguna administración actuara. FAADA lamenta la falta de coordinación y sensibilidad institucional en estos casos.

El cuerpo del animal, un mastín, fue visto el pasado 28 de septiembre por un conductor que llamó al 112, desde donde comunicaron que trasladarían la información a los Mossos d’Esquadra de la Noguera y a los Agents Rurals. El 2 de octubre, la misma persona volvió a realizar otra llamada tras comprobar que el cuerpo seguía en el mismo lugar; y el 5 de octubre, se produjo otro aviso.

Por su parte, FAADA contactó con el Área de Protección de los Derechos de los Animales de la Generalitat de Catalunya, desde donde trasladaron el aviso a los Servicios Territoriales de Carreteras de Lleida; y con los Mossos d’Esquadra. Estos confirmaron que ya habían recibido el aviso del 112, pero que no habían actuado por considerar que no existía riesgo para la seguridad vial.

«La imagen que mejor refleja la falta de interés y sensibilidad de nuestras administraciones hacia los animales y sus familias es la de un perro de gran tamaño descomponiéndose a la vista de quienes circulan por una carretera», señala FAADA.

Se desconoce si el perro se había perdido o había sido abandonado, en cuyo caso habría supuesto un peligro para la seguridad vial. «Que agentes de la autoridad de dos cuerpos reciban la comunicación de la localización del cadáver de un animal de familia —en circunstancias que podrían ser constitutivas de un delito de abandono con resultado de muerte— y que, aun así, no actúen de oficio iniciando diligencias de investigación, refleja de forma muy clara el desinterés de nuestras administraciones, por muchas normativas y leyes que se aprueben», añaden.

FAADA ha pedido la información del caso a la Generalitat de Catalunya, así como sobre si el animal estaba identificado y se había comunicado su pérdida. También ha solicitado información sobre el protocolo que la Generalitat comenzó a elaborar en 2023 para la identificación de los animales de familia localizados muertos en carreteras, y si ya se encuentra activo. Además, la Ley 7/2023 obliga a «comunicar a la administración competente y al titular la retirada del cadáver de un animal de compañía identificado».